El ex jefe de Gabinete tiene plazo hasta este miércoles para responder un pliego de 20 inconsistencias financieras señalado por la fiscalía. Tras la prórroga otorgada por el juez Ariel Lijo, deberá acreditar el origen de más de 400.000 dólares en efectivo, gastos por encima de sus ingresos y movimientos con criptomonedas.
El ex jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se encamina a cumplir una instancia determinante en el expediente judicial donde se investiga su evolución patrimonial. Hasta este miércoles, el exfuncionario tiene plazo para presentar ante el juzgado federal de Comodoro Py el descargo técnico con el que busca justificar los fondos utilizados durante su paso por la gestión pública. La presentación marcará el cierre de la prórroga de 15 días hábiles otorgada a fines de agosto por el juez Ariel Lijo a pedido de la defensa.
El requerimiento de justificación patrimonial fue firmado por el fiscal Gerardo Pollicita tras la recepción de un informe pericial de 207 páginas elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El estudio cruzó las declaraciones juradas presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción con registros de la propiedad inmueble, movimientos bancarios, operaciones en plataformas de criptomonedas e informes migratorios de su grupo familiar.
Un saldo negativo en pesos y consumos en dólares bajo la lupa
De acuerdo con las conclusiones del dictamen técnico, la fiscalía identificó un desfasaje financiero entre los ingresos declarados y los consumos efectuados por el exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023 hasta su renuncia en junio de 2026. En moneda nacional, la suma de los 35 sueldos percibidos por Adorni como funcionario y los ingresos de su cónyuge alcanzaron los $229,7 millones, mientras que los gastos registrados en tarjetas de crédito, impuestos, servicios, viajes y compras ascendieron a $272,8 millones, generando un saldo negativo sin justificar de $43 millones.
Paralelamente, los peritos detectaron erogaciones en moneda extranjera por un total de USD 402.578,12 que no concuerdan con los recursos lícitos acreditados en el expediente. Estos montos se destinaron a la adquisición y remodelación de propiedades, compra de equipamiento, alquileres temporarios y viajes al exterior.
El pliego de 20 puntos que definirá su situación procesal
La intimación judicial exige dar respuesta a un cuestionario de 20 puntos específicos sobre el origen y la trazabilidad de los fondos. Entre los aspectos principales, la Justicia requiere precisar el origen de los dólares en efectivo declarados como “venta de activos” en rectificativas de sus declaraciones juradas, donde Adorni argumentó la tenencia no declarada previa de medio millón de dólares en activos digitales. Asimismo, la fiscalía exige probar las operaciones bancarias o bursátiles que respalden dicha justificación.
En el plano inmobiliario, el ex jefe de Gabinete deberá justificar la procedencia del dinero utilizado para la compra de un lote en el Country Indio Cua —inscripto a nombre de su cónyuge— y el pago en efectivo de USD 245.000 a un contratista por refacciones en esa finca. También están bajo análisis la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, el pago de muebles en efectivo, la acreditación de préstamos familiares, la compra de un vehículo, operaciones en billeteras virtuales no declaradas y depósitos no salariales en su cuenta sueldo.
Si el juez Ariel Lijo considera que la documentación presentable por la defensa no resulta suficiente para subsanar los desfasajes señalados por los peritos, la causa quedará en condiciones de dar el paso hacia la citación a declaración indagatoria de los imputados.
Fuente: Infobae
