La Ley de Modernización Laboral continúa operativa mientras la Justicia Contencioso Administrativo Federal debe resolver el planteo impulsado por la CGT. En paralelo, distintos tribunales del país comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de artículos clave, como el cálculo para la actualización de indemnizaciones.
Cumplidos los primeros seis meses desde la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral, el nuevo marco normativo del mercado de trabajo continúa envuelto en un escenario de fuerte disputa legal. A pesar del tiempo transcurrido, la Justicia aún no emitió un fallo definitivo sobre la cuestión de fondo, por lo que la reforma se mantiene plenamente operativa mientras crecen los planteos en diversos fueros.
El expediente principal, iniciado por la CGT para frenar la normativa por considerar que vulnera derechos laborales y sindicales consagrados, se tramita actualmente en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez.
Tras un raid judicial que incluyó cautelares a favor de la central obrera en el fuero del Trabajo y el posterior levantamiento de la suspensión en mayo, la causa ingresó en su etapa final de prueba bajo la carátula de juicio sumarísimo, por lo que en el ámbito gremial aguardan una sentencia en el corto plazo.
Un frente judicial fragmentado y fallos que marcan límites
Mientras la demanda central espera resolución, los tribunales ordinarios de distintas jurisdicciones comenzaron a pronunciarse sobre aspectos puntuales de la ley, dejando al descubierto una notable falta de criterio uniforme en el Poder Judicial. Esta disparidad de fallos genera una creciente preocupación tanto en las cámaras empresarias como en los gremios por la inseguridad jurídica que implica para los juicios en marcha.
Uno de los puntos más conflictivos es el artículo 55 de la norma, que fija el mecanismo de actualización de los créditos laborales en expedientes judiciales. Mientras algunas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo avalaron la aplicación del nuevo cálculo impulsado por la ley, otros juzgados declararon su inconstitucionalidad. Un caso testigo se dio en la provincia de Tucumán, donde la Justicia laboral invalidó el artículo al constatar que la liquidación bajo el nuevo régimen otorgaba una condena de 9,4 millones de pesos, frente a los 13,6 millones de pesos que correspondían con el criterio previo, configurando un perjuicio directo para el trabajador.
En la causa madre que encabeza la CGT se sumaron como partes interesadas entidades de peso como la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, mientras los sindicatos intentan ampliar la participación a otras organizaciones del Consejo del Salario. A medio año de su implementación, la reforma laboral opera en la práctica diaria pero bajo la constante sombra de la revisión judicial.
Fuente: Mundo Gremial
