El frente judicial internacional de la República Argentina mantiene focos de alta tensión financiera para las reservas del Estado. A pesar de la reciente ratificación parlamentaria del acuerdo que sepultó los litigios con los últimos fondos remanentes del default del año 2001, un conjunto de demandas activas en tribunales extranjeros representa un riesgo contingente que analistas privados estiman en un techo de 10.000 millones de dólares.
La reciente negociación coordinada por el Palacio de Hacienda permitió recortar en 50 millones de dólares el desembolso reclamado originalmente por los fondos Attestor Master y Bainbridge. No obstante, especialistas del sector financiero agrupados en Latam Advisors advierten que persisten cerca de 2.000 millones de dólares sin cancelar de aquella vieja cesación de pagos, mayoritariamente atomizados en manos de pequeños ahorristas individuales sin capacidad de presión.
El conflicto más sensible e inmediato que ensombrece el horizonte económico global está vinculado a los denominados Cupones PBI, los títulos emitidos en diversas divisas cuyos intereses estaban atados al crecimiento de la actividad nacional. Las demandas se originaron luego de que, durante la gestión de Cristina Kirchner, el INDEC modificara la metodología estadística de cálculo del Producto Bruto Interno, interrumpiendo de forma total los pagos previstos.
Esta maniobra derivó en dos frentes simultáneos. En los tribunales de Londres, la Justicia británica dictó condena firme contra el Estado argentino por los títulos en euros, obligando a negociar de forma directa un pasivo cercano a los 1,800 millones de dólares. En paralelo, la versión en dólares del juicio tramita en los tribunales de los Estados Unidos por un piso de 3.500 millones, con proyecciones de escalar hasta los 9.000 millones de dólares si prosperan las extensiones de los acreedores.
Otro de los expedientes de alta complejidad institucional corresponde a la expropiación de Aerolíneas Argentinas, donde el fondo Titan Consortium cuenta con un laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI). Debido a que el organismo internacional carece de herramientas de ejecución directa, los demandantes solicitaron el reconocimiento judicial del fallo por 390 millones de dólares en la ciudad de Washington.
El panorama ante los tribunales del exterior sumó un alivio político transitorio tras la sentencia favorable que obtuvo la Argentina en la apelación por la estatización de la petrolera YPF. Sin embargo, el buffet Burford Capital —financiador del litigio— ya notificó formalmente que agotará las instancias procesales acudiendo al CIADI para intentar revertir el revés de segunda instancia y presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema norteamericana.
Fuente: TN
