El conflicto por el presupuesto educativo sumó una definición institucional de máxima trascendencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno a otorgar aumentos salariales para el personal docente y no docente, reabrir las paritarias sectoriales e incrementar las partidas para becas estudiantiles.
La resolución del máximo tribunal de justicia implica un fuerte revés para la estrategia legal de la Casa Rosada. Al rechazar la apelación oficial, los magistrados consideraron que la impugnación estatal no estaba dirigida contra una sentencia de carácter definitivo, validando de forma automática el fallo previo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El fallo obliga de forma perentoria al Ministerio de Capital Humano a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025, vetada posteriormente por el presidente Javier Milei y finalmente ratificada por insistencia del Poder Legislativo tras las masivas movilizaciones de la comunidad educativa en las calles.
La decisión en los tribunales expone marcadas diferencias con el reciente acuerdo parcial que la Secretaría de Educación firmó con los rectores. Mientras que el pacto administrativo pautó una suba salarial escalonada del 24,33% para mitigar la inflación reciente, la ley respaldada por la Justicia exige una recomposición de mayor alcance con carácter retroactivo al 1° de diciembre de 2023.
En el plano social, el dictamen judicial reactiva la actualización obligatoria de las Becas Progresar para todo el alumnado nacional. Este punto había quedado excluido del entendimiento con los rectores, el cual solo contemplaba un ajuste del 50% para las becas Manuel Belgrano, cuyos montos de asistencia económica general se encontraban completamente congelados desde el año 2024.
La batalla judicial se había iniciado por una demanda colectiva del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para neutralizar el decreto presidencial que frenaba el giro de fondos. El juez de primera instancia Diego Cormick hizo lugar al amparo, criterio que luego fue blindado por la Cámara de Apelaciones tras rechazar los intentos oficiales por apartar a los jueces de la Corte bajo el argumento de que ejercen la docencia.
Tras conocerse la notificación del tribunal supremo, las federaciones gremiales universitarias anticiparon que reactivarán los esquemas de protesta para exigir una recomposición salarial inmediata del 32,5% de base. Por su parte, referentes de la educación pública celebraron el dictamen como una ratificación de que las leyes de financiamiento deben cumplirse sin dilaciones.
Fuente: Agencia DIB
