El entramado productivo argentino atraviesa un escenario de fuerte contracción y reconfiguración forzada. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei se registró la baja neta de 26.448 empresas empleadoras en todo el territorio nacional, según los últimos datos oficiales del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT). El impacto de la crisis golpeó de forma casi exclusiva al sector de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 98% del total de los cierres.
Los informes estadísticos detallan que la tendencia destructiva de firmas no se detiene, contabilizándose la pérdida de 3.840 compañías tan solo durante el primer trimestre de 2026. Del total de los ceses de actividad acumulados desde finales de 2023, unas 17.630 firmas contaban con un solo empleado formal, mientras que el resto de los cierres se concentró en estructuras de entre dos y 25 trabajadores.
Especialistas económicos e industriales encendieron las alarmas al recordar que los comercios y talleres de uno a cinco empleados concentran históricamente el 70% del empleo en el país. Como reflejo de este ahogo financiero, la Justicia comercial porteña registró un marcado incremento en las presentaciones de concursos preventivos y procesos de quiebra durante los primeros meses del año corriente.
Desde el sector pyme señalaron que la combinación de un tipo de cambio bajo con costos en dólares elevados genera un combo hostil para la sostenibilidad de las fábricas. A este panorama se le suman una alta presión tributaria, la falta de financiamiento productivo a tasas competitivas y un encarecimiento generalizado de los costos logísticos y de transporte en el mercado interno.
Los referentes fabriles aclararon que el principal reclamo no es el rechazo a la apertura de importaciones, sino la existencia de una competencia desleal con los productos extranjeros. Argumentan que los fabricantes locales deben afrontar gravámenes como Ingresos Brutos o el impuesto al cheque, mientras que la mercadería importada de países como China ingresa subsidiada desde su origen.
Frente a esta coyuntura, numerosos talleres de los rubros textil, calzado, metalmecánica y autopartes debieron cesar sus líneas de producción para reconvertirse en meras firmas importadoras o prestadoras de servicios de mantenimiento. Las cámaras industriales advierten que este proceso deja a miles de operarios en el camino y estiman que el año podría cerrar con una pérdida cercana a los 600.000 puestos laborales.
Si bien los índices del INDEC muestran un crecimiento del PBI impulsado por el sector de minas y canteras —gracias al empuje de Vaca Muerta—, los empresarios sostienen que el prometido derrame económico no llega a la actividad tradicional. Incluso en enclaves energéticos como Añelo se reportan los primeros signos de desocupación debido a la falta de infraestructura para contener la migración interna de trabajadores.
