El debate en torno al aprovechamiento de los recursos públicos y el financiamiento de los distritos sumó una propuesta de fuerte impacto para el interior de la provincia de Buenos Aires.
La diputada del bloque Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca habilitar a las comunas a otorgar permisos de uso y explotación sobre las banquinas de las rutas y caminos provinciales.
La iniciativa de la legisladora massista apunta a reformar de manera estructural la actual Ley 10.342, la cual permite a los intendentes conceder permisos de ocupación en las franjas linderas de la red vial pero excluye de forma taxativa a las banquinas propiamente dichas, considerándolas únicamente zonas de seguridad y limitando la posibilidad de aprovechar productivamente miles de hectáreas lineales de suelo fértil que hoy permanecen en estado ocioso.
La reforma propuesta por la integrante del Frente Renovador establece que las banquinas podrán ser incorporadas a los espacios susceptibles de cesión municipal, siempre y cuando se cuente con el aval y la autorización técnica previa de la Dirección de Vialidad bonaerense para resguardar la circulación.
Asimismo, el proyecto contempla la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales bajo la órbita de la autoridad de aplicación, un instrumento clave para fiscalizar la utilización de los predios.
Para Rasquetti, la normativa actual genera una clara pérdida de chance fiscal al privar a las administraciones locales de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación que podrían derivarse de una explotación regulada y planificada de estos terrenos de dominio público.
De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, la puesta en valor de estas áreas linderas a las trazas viales abriría un abanico de posibilidades esenciales para dinamizar las economías regionales de la provincia.
Las tierras subutilizadas podrían destinarse de manera formal a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, planes de forestación sustentable, parquización e incluso a la instalación controlada de infraestructura de servicios.
La diputada bonaerense remarcó que la ociosidad actual representa una oportunidad perdida y defendió que la nueva ley otorgará herramientas jurídicas necesarias para que los intendentes administren y perciban de manera directa los recursos económicos generados por dichos permisos.
Como antecedente directo de esta demanda productiva, el municipio bonaerense de 9 de Julio implementó a comienzos de este año una convocatoria pública dirigida a productores frentistas y actores del sector agropecuario para licitar la siembra de entre 300 y 350 hectáreas de banquinas situadas sobre trazados clave como la Ruta Provincial 65.
Aquella experiencia local, que sirve de espejo para el nuevo proyecto, otorga permisos por el plazo máximo de un año con opción a renovación y autoriza el cultivo de cereales, oleaginosas, forrajes y pasturas afines a la región. El esquema logístico bajo estudio determina que la actividad agrícola solo puede ejecutarse respetando a rajatabla los márgenes de seguridad vial dictados por las autoridades nacionales y provinciales, los cuales exigen mantener un corredor libre de entre 3 y 5 metros desde el límite de la calzada antes de iniciar cualquier tipo de labor de siembra.
Fuente: Agencia DIB
