El líder de Encuentro Federal argumentó que el fallo por la causa Vialidad está plagado de irregularidades procesales. Comparó la situación con el debate sobre Jair Bolsonaro en Brasil y el histórico freno legislativo al beneficio del «2×1».
La exmandataria se encuentra actualmente cumpliendo la pena de seis años de prisión por corrupción —ratificada en segunda instancia por la Corte Suprema— bajo la modalidad de arresto domiciliario en su propiedad del barrio porteño de Constitución.
Las «anomalías» denunciadas en el proceso
Pichetto, reconocido por su rigurosa formación jurídica, estructuró su reclamo detallando una serie de presuntas fallas técnicas y procesales que, a su criterio, restan toda legitimidad a la sentencia:
- Estructura judicial forzada: Cuestionó la incorporación de un juez trasladado desde otro tribunal y la designación de un fiscal cuyo destino original era la ciudad de Rosario para investigar causas de narcotráfico.
- Falta de imparcialidad en la Corte: Sostuvo que los ministros del máximo tribunal debieron haberse apartado de la causa debido a que venían de enfrentar un proceso de juicio político impulsado, precisamente, por el partido de la acusada. «Un accionar correcto hubiera significado que se constituyera un tribunal ad hoc», sentenció.
- Fueros de Estado: Argumentó que la conducta de un jefe de Estado debe evaluarse bajo un procedimiento especial de naturaleza institucional y no a través de las vías comunes del derecho penal ordinario.
Los antecedentes jurídicos para justificar la medida
Sabiendo que su propuesta colisiona de frente con el principio constitucional de la división de poderes, el diputado nacional expuso sus argumentos defensivos en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja, recurriendo a dos analogías históricas y regionales:
El espejo de Brasil: Pichetto ligó el escenario local con el debate que atraviesa el Parlamento brasileño, el cual se encuentra evaluando la revisión y anulación de las inhabilitaciones y penas dictadas contra el expresidente Jair Bolsonaro, considerándolas de carácter político.
El antecedente del 2×1 en Argentina: El legislador recordó la crisis institucional de 2017, cuando el Congreso de la Nación dictó una ley aclaratoria que bloqueó la aplicación del beneficio del «2×1» para condenados por delitos de lesa humanidad, enmendándole la plana a un fallo previo de la Corte Suprema. Según su visión, aquel episodio demostró que el Poder Legislativo posee facultades implícitas para intervenir cuando un fallo judicial altera el orden público o los pactos internacionales.
A pesar de reconocer que la iniciativa encenderá fuertes resistencias en el arco político y judicial por forzar los límites de las atribuciones parlamentarias, Pichetto insistió en que el Congreso no puede permanecer de brazos cruzados ante un hecho que conmociona el equilibrio del sistema democrático.
Fuente: portal Infobae
