Más allá de la entrega del petitorio a Luis Caputo, la movilización de este martes reveló un cambio de estrategia de los jefes comunales: unidad de sectores internos y judicialización de los fondos para obras
1. El fin de las internas ante la emergencia
Lo más relevante de la jornada no fue solo la cantidad (más de 150 intendentes), sino la composición. Por primera vez en meses, se vio una acción coordinada y sin fisuras entre los sectores alineados con Axel Kicillof y aquellos que responden a Máximo Kirchner.
- Análisis: La crisis económica y la presión en los barrios —el «hambre» mencionado por Ricardo Marino (Patagones)— parece haber actuado como un amalgama. La presencia de intendentes radicales y vecinalistas refuerza la idea de que el reclamo por la coparticipación (que cayó un 24% promedio) ya no es una bandera partidaria, sino una cuestión de supervivencia administrativa municipal.
2. La paradoja de los impuestos y las obras
El eje del conflicto técnico reside en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Los intendentes exigen que el precio de la nafta retrotraiga su valor al 1 de marzo, denunciando que el aumento del 23% por el conflicto en Medio Oriente es «un robo».
- El dato clave: Según el Instituto Argentina Grande, el Gobierno nacional recaudó $6,1 billones vía Impuesto PAIS e ICL que no se ejecutaron en infraestructura.
- Análisis: Los municipios denuncian que la Nación utiliza fondos «congelados» (que por ley deben ir a rutas y obras hídricas) para sostener el superávit fiscal. Mientras tanto, el Ministerio de Economía acusa a los intendentes de ser responsables de la presión impositiva por las tasas locales, una disputa que ayer llegó a su punto más álgido.
3. La judicialización como próximo paso
Ante la ausencia de Luis Caputo en el edificio (quien en ese momento disertaba ante empresarios en AmCham), el petitorio quedó como un testimonio administrativo. Sin embargo, el análisis de los discursos de Gabriel Katopodis y Fernando Espinoza sugiere que el conflicto se trasladará a los tribunales.
- Análisis: Si el canal político está roto, los intendentes buscarán que la Justicia obligue al Estado Nacional a cumplir con las leyes de asignación específica. La advertencia de los alcaldes es clara: son ellos quienes reciben el reclamo directo del vecino por la falta de baches, la iluminación o la comida en los comedores, y ya no tienen margen de maniobra financiero para cubrir el vacío que dejó el Gobierno nacional.
¿Qué cambió con esta movilización?
- Posicionamiento: Los intendentes dejaron de reclamar de forma individual para actuar como un bloque federal.
- Discurso: Se pasó de pedir «diálogo» a denunciar «fraude» y «delito» por la retención de fondos específicos.
- Gestión: La visibilización de que «no se construyó ni un solo kilómetro de ruta» en dos años pone en duda el desarrollo productivo a largo plazo que pregona el Ministerio de Economía.
