La primera audiencia pública por la reforma de la normativa dejó fuertes críticas de comunidades, referentes sociales y ex funcionarios. Denuncian falta de participación real y advierten sobre consecuencias irreversibles en las fuentes de agua.
(con información de Agencia Farco)
⚖️ Una audiencia cuestionada desde su origen
La audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares quedó envuelta en polémica desde su inicio. Más de 100 mil personas se habían inscripto para participar, pero la gran mayoría no pudo exponer, lo que generó denuncias por falta de transparencia y restricciones en el acceso a la palabra.
En paralelo, en las afueras del Congreso se desarrolló una protesta que reflejó el malestar de organizaciones socioambientales y comunidades afectadas. El reclamo fue concreto: ampliar la participación y garantizar instancias reales de consulta.
🗣️ Comunidades indígenas: “Deciden sin conocer el territorio”
Uno de los testimonios más contundentes fue el de Josué “Kuntur” Vargas, integrante del Parlamento de Comunidades Indígenas de Jujuy, quien puso el foco en la ausencia de consulta previa, libre e informada, tal como establece el Convenio 169 de la OIT.
“En estos días hemos escuchado a funcionarios y legisladores que nos gobiernan discursos muy alejados de nuestras realidades. No entendemos cómo pueden hablar con tanta liviandad cuando ni siquiera han recorrido las diferentes zonas de los glaciares”, afirmó.
El referente fue más allá al cuestionar la centralización del debate: “¿Cómo es posible que tengamos que venir hasta Buenos Aires para discutir esto? Ustedes deberían ir a los territorios para entender la relación entre el agua, los animales, las plantas y quienes vivimos allí”.
En su exposición, Vargas remarcó el rol estratégico de los ambientes periglaciares en regiones áridas como la Puna: “Las únicas fuentes de agua son esos hielos que se derriten durante el año y sostienen nuestra producción y nuestra vida”.
🌊 El agua en juego: impacto sobre millones de personas
Desde una mirada técnica y política, el ex diputado Leonardo Grosso advirtió sobre el alcance estructural de la reforma impulsada. Sus declaraciones apuntaron directamente al proceso de la audiencia.
“Han puesto gente a dedo, han cercenado la palabra y no han garantizado la participación de las comunidades de base afectadas”, sostuvo.
Además, subrayó la magnitud del sistema hídrico en riesgo: “Los periglaciares generan el agua de 39 cuencas de ríos de Argentina. Estamos hablando de un recurso que impacta directamente en 7 millones de personas, además de sectores productivos y turísticos”.
Su diagnóstico expone un punto central del conflicto: la tensión entre el desarrollo de actividades extractivas y la preservación de reservas estratégicas de agua dulce.
🌱 Voces territoriales y denuncia de exclusión
En la misma línea se expresó Liliana Herrera, integrante del pueblo huarpe, quien también cuestionó el mecanismo de participación implementado. Su testimonio coincidió en denunciar la exclusión de las comunidades directamente afectadas por las posibles modificaciones de la ley.
Las intervenciones reflejaron un patrón común: la percepción de que el proceso de debate no garantiza condiciones equitativas ni representativas, lo que debilita la legitimidad de cualquier reforma que pueda surgir.
🏛️ Críticas al Gobierno: ambiente relegado y decisiones centralizadas
El desarrollo de la audiencia dejó al descubierto un clima de fuerte confrontación con el Gobierno nacional. Las críticas no solo apuntan a la organización del debate, sino también a una orientación política que, según los expositores, prioriza intereses económicos por sobre la protección ambiental.
En este contexto, distintos sectores interpretan que la iniciativa de reforma se inscribe en una lógica más amplia, donde el cuidado de los bienes naturales pierde centralidad frente a proyectos extractivos. Esta lectura se ve reforzada por declaraciones previas del presidente Javier Milei, que han sido interpretadas como una minimización del rol del Estado en la regulación ambiental.
La consecuencia de este enfoque, advierten especialistas y actores territoriales, podría ser una mayor presión sobre ecosistemas sensibles y una pérdida de control sobre recursos estratégicos.
⚠️ Consecuencias en debate: entre el desarrollo y el riesgo ambiental
El eje de fondo de la discusión trasciende la coyuntura de la audiencia. La posible modificación de la Ley de Glaciares abre interrogantes sobre el futuro de las reservas de agua dulce en un contexto de cambio climático y creciente demanda.
Los glaciares y periglaciares cumplen una función clave como reguladores hídricos. Su alteración no solo impacta en el ambiente inmediato, sino también en sistemas productivos, economías regionales y el abastecimiento de agua de amplias poblaciones.
En este sentido, los cuestionamientos apuntan a un “desatino” en la toma de decisiones, al considerar que se avanza sobre áreas sensibles sin consensos sociales ni estudios suficientemente integrales.
🔚 El cierre
La primera audiencia por la reforma de la Ley de Glaciares dejó más interrogantes que certezas. La exclusión de miles de inscriptos, las denuncias de irregularidades y la contundencia de los testimonios configuran un escenario de alta conflictividad.
El debate, lejos de agotarse, recién comienza. En juego no solo está una normativa, sino el modelo de desarrollo que se pretende consolidar y el lugar que ocuparán los recursos naturales en esa ecuación.
El desafío será construir un proceso que recupere legitimidad, incorpore todas las voces y dimensione, con rigor técnico y político, las consecuencias de intervenir sobre uno de los sistemas ambientales más sensibles del país. (InfoNoticias)
