La Procuración renunció a ser querellante. En la causa se indaga si Luis Caputo y Federico Sturzenegger cometieron irregularidades en la toma del crédito de US$ 55 mil millones en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, que también integraban.
El Gobierno de Javier Milei dispuso que el Estado argentino deje de ser querellante en la causa que investiga las irregularidades en el préstamo que la administración de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2018.
La decisión implica que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su intervención en la causa N° 3561/2019, caratulada “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública ”, que intentaba determinar las responsabilidades de esa operatoria que podrían haber perjudicado al Estado argentino.
Casualmente el actual ministro de Economía, Luis Caputo, era ministro de Finanzas al momento de tomar esa deuda. También fue parte de la operación el hoy ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, entonces titular del Banco Central, quien luego fue reemplazado en ese cargo por el propio Caputo.
El decreto de MIlei
La medida fue oficializada mediante el decreto 87/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En sus considerandos, se argumenta que la Procuración actuó de forma excepcional en el proceso penal y que su intervención en causas penales no forma parte de su especialidad técnica.
El origen de la causa
La causa había sido iniciada en 2021, cuando durante el gobierno de Alberto Fernández se instruyó a la Procuración del Tesoro a “iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes” provocados por los 44.500 millones de dólares otorgados al gobierno de Macri, la mayor deuda de la historia de ese organismo internacional.
La denuncia pretendía establecer si existieron los delitos de “violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
La decisión echar por tierra la participación del Poder Ejecutivo en ese reclamo fue tomada luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 archivara la causa. La jueza María Eugenia Capuchetti concluyó que los hechos denunciados no constituían delitos sino discrepancias con decisiones de política económica.
Según el texto oficial que retira al Poder Ejecutivo de la querella, el Ministerio Público Fiscal es el órgano competente para impulsar la acción penal, con independencia funcional y especialización en investigaciones penales complejas, y que su rol debe ser preservado frente a posibles interferencias.
El decreto establece también que el cese de la querella no implica que el Estado Nacional renuncie al reclamo por daños y perjuicios, ya que la acción civil podrá continuar en los términos procesales correspondientes. (DIB)
