El Ejecutivo dispuso la escisión del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La medida apunta a frenar el colapso financiero y garantizar la atención de más de 500.000 afiliados.
El Gobierno nacional oficializó este viernes la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), mediante un decreto que dispone su disolución y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La decisión, adelantada por la Agencia Noticias Argentinas, responde a la grave crisis financiera y operativa que atraviesa el sistema de sanidad de las fuerzas, con un pasivo auditado cercano a los 200.000 millones de pesos, situación que había puesto en riesgo la continuidad de las prestaciones médicas.
Según fuentes oficiales del Ministerio de Defensa y de la Jefatura de Gabinete, el esquema unificado del IOSFA resultó estructuralmente inviable, producto de irregularidades acumuladas en gestiones anteriores y de un modelo de financiamiento que no logró sostener la cobertura de más de 500.000 beneficiarios entre personal en actividad, retirados y sus familias.
Cómo funcionará el nuevo esquema
La flamante OSFA quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, y será responsable de la cobertura de salud del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y su grupo familiar. Tendrá carácter autárquico y personería jurídica propia.
En tanto, la OSFFESEG dependerá del Ministerio de Seguridad y brindará atención médica específica al personal de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, separando definitivamente la gestión sanitaria de las fuerzas armadas de la de las fuerzas federales de seguridad.
Blindaje financiero y control de gastos
Uno de los ejes centrales del decreto es el blindaje de los recursos destinados a la atención médica. La norma fija un esquema rígido de asignación de ingresos para ambas obras sociales:
80% de los fondos deberá destinarse exclusivamente a prestaciones médico-asistenciales.
Hasta 8% podrá utilizarse para gastos administrativos y de funcionamiento.
El 12% restante solo podrá asignarse a otras prestaciones sociales una vez garantizadas plenamente las obligaciones sanitarias.
Gobernanza y fiscalización
Para evitar la repetición de los problemas detectados en el IOSFA, el Ejecutivo estableció requisitos estrictos de idoneidad técnica para los integrantes de los directorios. Los funcionarios deberán acreditar experiencia comprobable en administración y gestión de salud, tanto en el sector público como privado.
Además, ambas entidades quedarán bajo auditoría permanente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y sujetas a un régimen de incompatibilidades destinado a prevenir conflictos de interés.
Una crisis con impacto territorial
La urgencia de la medida quedó reflejada en distintos puntos del país. En Punta Alta, uno de los principales polos de actividad naval, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que unas 42.000 personas, más de la mitad de la población local, dependen de esta cobertura y han sufrido meses de interrupciones en servicios básicos de salud.
Transición y continuidad de las prestaciones
El decreto prevé un traspaso ordenado de activos, pasivos y personal del IOSFA a las nuevas obras sociales. Para garantizar la continuidad del servicio, se conformó una Comisión Especial Ad-Hoc, integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Economía y Salud.
Desde el Gobierno aseguraron que el proceso no afectará el Programa Médico Obligatorio (PMO) ni los tratamientos en curso de los afiliados.
La administración nacional sostiene que la separación permitirá una gestión más eficiente y especializada, alineada con las necesidades específicas de cada fuerza, con el objetivo de recuperar la sostenibilidad financiera del sistema y garantizar el derecho a la salud del personal militar y de seguridad y sus familias.
