
La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió no recomendar por el momento al Gobierno nacional la designación de un veedor oficial para controlar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que la entidad comenzara a responder los requerimientos y presentara documentación vinculada a sus balances.
Desde el organismo de control explicaron que la decisión se basa en que la AFA abrió sus balances y dio respuesta a la intimación realizada, lo que, en esta instancia, quita sustento a la intervención mediante una veeduría. No obstante, aclararon que la medida podría revisarse una vez concluido el análisis exhaustivo de la información presentada.
“Si se detectan inconsistencias o falta de datos, la designación de un veedor puede evaluarse en el futuro”, indicaron fuentes de la IGJ, que remarcaron que el estudio de la documentación llevará varios días.
La resolución fue adoptada por el titular del organismo, Daniel Vítolo, tras las audiencias mantenidas con los contadores de la AFA y de la Liga Profesional, en el marco de la revisión de los estados contables correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024.
En paralelo, la IGJ informó que la AFA tiene plazo hasta el martes 20 de enero para responder sobre la existencia y el financiamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA).
Vítolo también buscó descomprimir el conflicto generado por el cambio de jurisdicción de la AFA, que trasladó su domicilio legal de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. En ese sentido, aseguró que la IGJ no tiene interés en retener a la entidad bajo su órbita, aunque advirtió que el traspaso debe cumplir con los requisitos legales.
Asimismo, el organismo negó la existencia de imputaciones penales contra la AFA o sus directivos y aclaró que su intervención se limita al ejercicio de funciones administrativas de control.
La decisión fue interpretada en ámbitos oficiales como una señal de distensión en la relación entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino, en medio de un contexto de tensión institucional y revisiones administrativas.
Fuente TN


