La medida fue adoptada ante la falta de dólares, la presión inflacionaria y el déficit de diésel. El decreto habilita acciones excepcionales por el plazo de un año.
El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social en todo el país, en el marco de una compleja situación económica caracterizada por la escasez de combustibles, el avance de la inflación y la falta de divisas, según informaron medios oficiales.
La decisión fue tomada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien firmó el Decreto Supremo N° 5517, mediante el cual se habilitan medidas excepcionales por el plazo de un año con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético y sostener la actividad económica.
De acuerdo a lo informado, el decreto autoriza de manera extraordinaria la importación y comercialización privada de derivados del petróleo a precio de importación, bajo un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector energético.
Desde el Ejecutivo boliviano señalaron que la medida busca mitigar el impacto de la crisis sobre la población, en un contexto marcado por la escasez de dólares y restricciones externas que afectan el normal funcionamiento de la economía.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción y devolver la calidad de vida a las y los bolivianos”, señala el texto oficial.
Uno de los puntos centrales del decreto responde al déficit extremo de diésel, combustible clave para el transporte, la agroindustria y sectores estratégicos. En ese marco, el Gobierno dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas y eliminó por un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas.
Además, se resolvió el retiro temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, con el objetivo de facilitar su ingreso al país y aliviar los problemas de abastecimiento interno.
Por último, el decreto instruye a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus procedimientos en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el acceso a la infraestructura del sector en un plazo de hasta 15 días.
Fuente: Agencia NA
