Un monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria documenta el incremento exponencial de la violencia, las detenciones arbitrarias y el uso de fuerzas militarizadas contra protestas pacíficas durante 2024 y 2025. El derecho a la protesta, bajo asedio.
La represión a la protesta social se ha consolidado como una política de Estado sistemática y selectiva durante los dos primeros años del gobierno nacional, según se desprende del Tercer Informe Especial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), dado a conocer este mes. El documento, que monitoreó 139 manifestaciones entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, revela un cuadro de escalada violenta, desproporción en los operativos, criminalización de la disidencia y un grave incumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
El punto de partida de esta política, según el informe, fue la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad –conocida como “protocolo antipiquetes”–, dictada el 14 de diciembre de 2023. Esta norma inauguró, en la práctica, un marco para la intervención violenta y desproporcionada de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, concentrándose casi exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La violencia en cifras: heridos, detenidos y patrones de selectividad
Los números del monitoreo son elocuentes y muestran una curva ascendente de la represión. En el período analizado, de las 139 movilizaciones observadas, en 51 se produjeron eventos represivos (37%). La violencia se duplicó en el segundo año de gobierno: mientras en 2024 se reprimió el 28% de las protestas monitoreadas (17 de 60), en 2025 la cifra ascendió al 43% (34 de 79).
El saldo en vidas humanas es grave: 2.585 personas heridas en dos años. De ellas, 1.216 corresponden a 2024 y 1.369 a 2025, lo que implica un crecimiento del 13% interanual. La jornada del 12 de marzo de 2025 marcó un punto álgido, con 672 heridos en un solo día, el operativo represivo más grande registrado por la CPM desde 2001.
Entre las víctimas se encuentran grupos especialmente vulnerables:
- Periodistas: 184 trabajadores de prensa fueron heridos en 2025, casi el doble que en 2024 (98). La CPM denuncia que fueron «alcanzados por la violencia estatal».
- Adultos mayores: En las marchas de jubilados se registraron 155 personas mayores heridas en 2025, cuadruplicando los 42 casos de 2024.
- Niños y adolescentes: 5 menores de 4, 8, 13, 14 y 16 años sufrieron lesiones por gas irritante en 2025.
- Defensores de DDHH: Al menos 44 observadores de derechos humanos –varios de ellos integrantes de la CPM– fueron blanco de la represión, «en muchos casos dirigida de manera intencional».
Las detenciones arbitrarias también aumentaron drásticamente: 258 en total en dos años. De 93 detenidos en 2024 se pasó a 165 en 2025, un aumento del 77%. El 12 de marzo concentró 114 de esas detenciones, calificadas como arbitrarias por la justicia y que incluyeron a dos menores de 12 y 14 años.
La represión, señala el informe, ha sido selectiva. Se concentró mayoritariamente en las movilizaciones de jubilados que se realizan los miércoles en Plaza Congreso, y en protestas de organizaciones sociales o en reclamo por casos de violencia de género. En contraste, no hubo represión en manifestaciones masivas como la Marcha del Orgullo, el acto por el 24 de marzo, la conmemoración del 20 de diciembre o el cacerolazo global por Palestina.
Metodología de la violencia: armas prohibidas, fuerzas desplegadas e ilegalidad
El informe detalla un operativo de seguridad desproporcionado y militarizado. En el 54% de las movilizaciones hubo presencia de tres o más fuerzas de seguridad simultáneamente. Se desplegaron Policía Federal (PFA) en 106 oportunidades, Policía de la Ciudad (PCABA) en 101, Prefectura Naval (PNA) en 61, Gendarmería Nacional (GNA) en 58 y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en 27.
Resulta particularmente grave la utilización de fuerzas militarizadas como Gendarmería y Prefectura, concebidas para la defensa nacional, en tareas de control de protesta civil. Fue un efectivo de GNA quien disparó la granada de gas lacrimógeno que causó trauma craneoencefálico al fotógrafo Pablo Grillo, quien permaneció 83 días en terapia intensiva.
Las tácticas y armamento utilizados violan protocolos básicos:
- Portación de armas letales: Se registró en el 78% de los operativos (99 de 127 movilizaciones presenciales).
- Uso indiscriminado de «armas menos letales»: Disparos de postas de goma a quemarropa y al rostro –causando la pérdida de un ojo en al menos cuatro personas–, lanzamiento directo de gas pimienta y lacrimógeno sobre manifestantes, uso de escopetas Byrna y agua a presión de camiones hidrantes.
- Tareas de inteligencia ilegal: En el 69% de las marchas (88 de 127) se registraron agentes filmando, fotografiando o infiltrando las movilizaciones sin identificación, prácticas colisionantes con la Ley de Inteligencia Nacional.
Un andamiaje legal para la represión y una justicia lenta
La CPM denuncia la construcción de un «andamiaje normativo ilegal» para sostener la represión. Además del «protocolo antipiquetes», señala modificaciones regresivas como el proyecto que agrava penas por «atentado y resistencia a la autoridad», el decreto que permite incluir manifestantes en el registro de financiación del terrorismo, y reformas que amplían la discrecionalidad de las fuerzas en el uso de la fuerza y las tareas de inteligencia.
Frente a esto, la respuesta judicial ha sido, en general, de mora e inacción. La CPM presentó 37 denuncias penales en dos años. La gran mayoría de las causas «aún se encuentran en período de instrucción, sin procesamientos u otros autos de mérito». Los avances logrados –como el procesamiento del gendarme que hirió a Pablo Grillo o del policía que roció con gas pimienta a una niña de 10 años– se debieron fundamentalmente a las pruebas aportadas por la CPM y otras organizaciones, no a una investigación vigorosa del Estado.
El repudio internacional y la conclusión contundente
La gravedad de la situación ha concitado la advertencia de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido múltiples declaraciones exigiendo al Estado argentino respetar los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión. En julio de 2025, nueve relatores especiales de la ONU advirtieron sobre el «grave y sistemático deterioro de las libertades fundamentales» y solicitaron revisar el marco legal del «protocolo antipiquetes».
Conclusión: la democracia, bajo ataque sistemático
Los datos fríos del informe de la Comisión Provincial por la Memoria traducen una realidad alarmante: el derecho a protestar pacíficamente está siendo cercenado en Argentina mediante el uso sistemático, selectivo y desproporcionado de la violencia estatal.
No se trata de hechos aislados o excesos circunstanciales, sino de una política planificada y ejecutada desde el poder ejecutivo, amparada en un entramado normativo que distorsiona leyes y tratados internacionales. La militarización del espacio público, la criminalización de la disidencia –especialmente de los sectores más vulnerables como jubilados–, el hostigamiento a periodistas y observadores, y la parálisis o complicidad de parte del sistema judicial configuran un cuadro de erosión deliberada de garantías democráticas básicas.
La represión, como señala el informe, tiene un objetivo claro: generar temor, disuadir la protesta y acallar la disidencia política. Cada herido, cada detenido arbitrario, cada gas lacrimógeno lanzado a la cara y cada periodista agredido no son solo números en una estadística. Son la expresión concreta de un desplazamiento autoritario que, bajo la justificación del «orden», avanza sobre los pilares de la vida republicana: la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades, la libre asociación y la inviolabilidad de la persona.
La posterior declaración de nulidad del «protocolo antipiquetes» por la justicia federal, mencionada al cierre del informe audiovisual, confirma la ilegalidad de origen de esta política. Sin embargo, el saldo de dos años de violencia sistemática evidencia que la pérdida de derechos y el debilitamiento de la democracia son daños profundos que requieren más que una sentencia: exigen memoria, verdad, justicia y la restitución urgente de las garantías constitucionales para todos. (InfoNoticias)
