El Gobierno nacional oficializó la entrada en vigencia del Presupuesto 2026 para la Administración Pública Nacional, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798, aprobada por el Congreso durante el último período de sesiones extraordinarias.
El proyecto, alineado con la política económica de Javier Milei, fija como eje central el superávit financiero, con una regla explícita: si el resultado fiscal supera lo previsto, se analizará una reducción de impuestos; en caso contrario, se aplicarán recortes de partidas.
Según el documento oficial, el Sector Público Nacional prevé un excedente financiero de $2,73 billones.
Los recursos totales ascienden a $148,29 billones, mientras que los gastos corrientes y de capital suman $148,06 billones.
Cómo se reparte el gasto
Servicios Sociales: $106,52 billones (la mayor proporción del presupuesto)
Pago de deuda pública: $14,11 billones
Servicios Económicos: $11,45 billones
Administración Gubernamental: $8,85 billones
Defensa y Seguridad: $7,11 billones
Las universidades nacionales contarán con $4,78 billones, con obligación de reportar el uso de fondos ante la Secretaría de Educación.
En el área previsional, se asignan $212.288 millones para cancelar deudas judiciales y administrativas de ANSES, y $122.762 millones para asistir a cajas provinciales no transferidas.
Financiamiento y empleo público
El Ejecutivo queda autorizado a emitir Letras del Tesoro por hasta $70 billones, y a utilizar financiamiento transitorio por $4 billones para la Tesorería y $2,5 billones adicionales.
Además, la norma restringe la cobertura de vacantes en el Estado y exige autorización previa de la Jefatura de Gabinete para nuevos nombramientos. También mantiene exenciones impositivas para la importación de vacunas y medicamentos destinados a programas sanitarios.
La aprobación del Presupuesto consolida el rumbo fiscal del Gobierno, que busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas durante 2026.
