La Casa Rosada ultima una segunda etapa de ajuste que podría alcanzar al 10% del personal nacional. El foco estará puesto en organismos descentralizados y en áreas que serán reestructuradas o privatizadas.
El Gobierno nacional se prepara para lanzar un nuevo capítulo del ajuste estatal, una medida que implicaría una reducción significativa del plantel de empleados públicos. Según fuentes oficiales, la administración de Javier Milei trabaja en una poda equivalente a alrededor del 10% de la dotación actual, lo que significaría miles de desvinculaciones adicionales a las ya concretadas durante el primer año de gestión.
El recorte, que se anunciaría en las próximas semanas, apunta especialmente a organismos descentralizados. Entre ellos figuran áreas vinculadas a estadísticas, ciencia, control estatal, energía y comunicación, además de dependencias sociales y culturales. La estrategia repetirá el mecanismo de la etapa inicial: no renovar contratos temporarios que, en muchos casos, llevan décadas funcionando como vínculo laboral.
En la Casa Rosada argumentan que la estructura estatal aún conserva capas superpuestas que requieren ser reordenadas. Funcionarios del círculo presidencial sostienen que todavía existen oficinas y programas con funciones duplicadas, y que este proceso será la vía para avanzar en una administración “más ágil y menos costosa”.
El rediseño también incluye la eliminación de registros automotores y la depuración de planteles en empresas públicas que figuran en la lista de futuras privatizaciones. La orden política es acelerar los cambios tras la pausa que impuso el cronograma electoral.
La coordinación del ajuste recae en la Jefatura de Gabinete, conducida por Manuel Adorni, junto con el área de Desregulación y Transformación del Estado, encabezada por Federico Sturzenegger. Desde ambos despachos admiten que el ritmo de implementación será intenso, en línea con la premisa presidencial de llevar adelante las reformas “a máxima velocidad”.
