El Gobierno nacional debió retroceder en su intención de avanzar de manera acelerada con la reforma laboral, cuyo tratamiento en el Senado fue finalmente postergado hasta el 10 de febrero. La decisión se conoció en medio de tensiones políticas entre el oficialismo y sus aliados, tras la aprobación del Presupuesto en Diputados, y en un contexto de fuerte presión sindical.
En principio, la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei iba a tratarse el 26 de diciembre, pero ese día el Senado se abocará al debate del Presupuesto Nacional —cuya media sanción generó ruidos dentro de La Libertad Avanza— y del proyecto de Inocencia Fiscal, que también obtuvo aval en la Cámara baja.
Ruidos políticos y falta de consensos
El pedido para trasladar el debate a febrero fue formulado por la senadora Patricia Bullrich, luego de lo ocurrido en Diputados, donde el oficialismo logró aprobar el Presupuesto, pero al costo de resignar la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Esa situación abrió la puerta a posibles modificaciones o incluso a un veto presidencial, debido al impacto fiscal de dichas normas.
En este escenario, Bullrich adelantó que el Ejecutivo convocará a una nueva ronda de sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, con el objetivo de avanzar no solo con la reforma laboral, sino también con la Ley de Glaciares.
Si bien el proyecto laboral ya cuenta con dictamen de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, desde el Gobierno reconocieron que se aceptarán modificaciones antes de su llegada al recinto, en busca de mayores consensos.
El acuerdo por la AGN y el malestar en el PRO
Fuentes parlamentarias señalaron que uno de los factores que trabó los acuerdos fue el malestar generado por las declaraciones del Ejecutivo respecto a la forma en que se aprobó el Presupuesto en Diputados. A esto se sumó el acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), que dejó afuera al PRO.
Esa decisión provocó la reacción del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien amenazó con denunciar judicialmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En ese contexto, el oficialismo no contaba con los votos necesarios para garantizar la aprobación de la reforma laboral. La postergación impulsada por Bullrich —quien mantuvo informada a la mesa política del Ejecutivo— le evitó al presidente Milei una derrota parlamentaria casi segura.
Presión sindical en la calle
La decisión final se tomó mientras la CGT marchaba frente a la Casa Rosada en rechazo a la reforma laboral, dejando una advertencia al Gobierno: “Se viene un paro general”.
Por el momento, el contenido final del dictamen permanece bajo reserva. El texto fue trabajado por la senadora Bullrich junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero.
