La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que durante 2025 el gobierno de Javier Milei reprimió casi la mitad de las manifestaciones sociales realizadas en el país. Según un informe del organismo, que integra el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, se registraron hechos represivos en 34 de las 79 movilizaciones monitoreadas a lo largo del año, con un saldo de al menos 1.369 personas heridas.
El relevamiento indica que en el segundo año de la actual gestión nacional las acciones represivas se duplicaron respecto de 2024, cuando se habían constatado 17 episodios de represión sobre un total de 60 marchas. Además, el informe señala un fuerte incremento de detenidos y heridos, entre ellos trabajadores de prensa, jubilados y personas mayores.
La CPM remarcó que cuatro de cada diez movilizaciones públicas fueron reprimidas y destacó casos de extrema gravedad, como los de Pablo Grillo, Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes perdieron la visión de uno de sus ojos tras recibir impactos de balas de goma. En ese marco, el organismo subrayó que “se duplicó la cantidad de trabajadores de prensa heridos y se cuadriplicaron los casos de personas mayores lesionadas”.
En cuanto a las detenciones, el informe precisa que durante 2025 se produjeron 165 detenciones arbitrarias, lo que representa un aumento del 77% respecto del año anterior, cuando se habían contabilizado 93. En la mayoría de los casos, las aprehensiones ocurrieron durante la desconcentración de las protestas y derivaron en imputaciones por figuras como atentado y resistencia a la autoridad o daños.
La CPM también denunció un patrón de represión “sistemática pero selectiva”, orientada a disuadir la protesta social frente a las políticas económicas del Gobierno. Según el informe, mientras que en el primer año de gestión el foco estuvo puesto en organizaciones sociales y piqueteras, en 2025 el blanco principal pasaron a ser las movilizaciones de jubilados que se concentran semanalmente frente al Congreso.
El documento detalla además el uso de distintos dispositivos represivos, como balas de goma disparadas a corta distancia, gas pimienta, granadas de gas lacrimógeno, camiones hidrantes y golpes con bastones. A ello se suman denuncias por tareas de inteligencia ilegal en el 69% de las marchas relevadas y la portación de armas de fuego con balas de plomo en el 78% de los operativos.
“El menosprecio recurrente al rol del Estado como garante de derechos es un claro indicador de la orientación del actual gobierno en materia de derechos humanos”, concluye el informe de la CPM, que advierte que estas prácticas se alejan de los estándares democráticos y del pleno ejercicio del derecho a la protesta.
