A través de la Resolución 83/2026, la Secretaría de Energía oficializó el nuevo esquema. Las obras de transporte de energía no se harán con fondos estatales, sino que las empresas las construirán y cobrarán vía tarifas por hasta 30 años.
En un paso decisivo para desestatizar la infraestructura crítica, el Gobierno Nacional reglamentó este martes el nuevo régimen de Concesión de Obra Pública para el sector energético. El objetivo es claro: atraer inversiones millonarias para ampliar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) sin utilizar un solo peso del Tesoro Nacional.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, introduce cambios estructurales en los procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y apunta a resolver el cuello de botella que hoy limita el crecimiento industrial del país.
Las 5 claves del nuevo modelo energético:
- Inversión 100% Privada: Las obras se adjudicarán mediante licitaciones nacionales e internacionales. Las empresas ganadoras asumirán el costo total de construcción, operación y mantenimiento.
- Financiamiento vía Tarifas: A diferencia del modelo anterior, estas ampliaciones se pagarán mediante la aplicación de tarifas a los usuarios o agentes del mercado que se beneficien directamente de la nueva capacidad de transporte.
- Contratos a Largo Plazo: Las concesiones tendrán un tope de 30 años. Una vez cumplido ese plazo, la infraestructura (torres, cables y subestaciones) pasará a manos del Estado Nacional sin costo alguno.
- Iniciativa Privada: No solo el Estado podrá proponer obras; las propias empresas podrán presentar proyectos de ampliación si detectan una necesidad técnica en el sistema.
- Control Regulatorio: Hasta que se ponga en marcha el nuevo ente unificado (gas y electricidad), el ENRE seguirá siendo el encargado de fiscalizar que los concesionarios cumplan con las normas técnicas.
El fin del «Estado constructor»
Con esta medida, el secretario de Energía busca que el Estado se retire de la ejecución directa de obras de transporte eléctrico, un área que sufrió décadas de desinversión. «Buscamos fomentar la competencia y garantizar el abastecimiento de energía mediante un esquema donde el riesgo lo asuma el privado y no el contribuyente», señalaron fuentes oficiales.
Impacto en las empresas transportistas
Las actuales empresas transportistas (como Transener) actuarán como supervisores técnicos de estos nuevos «transportistas independientes». Este esquema permite que grandes proyectos mineros o industriales en zonas aisladas puedan financiar su propia conexión a la red nacional bajo reglas claras de concesión.
Fuente: Agencia DIB
