El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC), que prevé la administración, explotación y mantenimiento de casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
La medida, publicada mediante la Resolución 1843/2025 en el Boletín Oficial, incluye tramos clave que atraviesan la provincia de Buenos Aires, entre ellos las rutas 3, 5, 226 y 205.
Esta nueva etapa forma parte del proceso que impulsa la gestión nacional para privatizar alrededor de 9.000 kilómetros de la red vial, considerados estratégicos por su volumen de tránsito y su importancia para la actividad productiva.
Dos tramos en licitación
El paquete licitado se divide en dos grandes tramos:
• Tramo Sur Atlántico Acceso Sur (1.325 km):
Incluye 615 kilómetros de la Ruta 3, 254 kilómetros de la Ruta 205, parte de la Ruta 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas. También abarca 404 kilómetros de la Ruta 226, un corredor vital para la región centro bonaerense.
• Tramo Pampa (547 km):
Comprende la Ruta 5 entre Luján y Santa Rosa (La Pampa), beneficiando ciudades como Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini.
En total, son 1.872 kilómetros que pasarán a manos de concesionarias privadas para su gestión, sin subsidios estatales, según lo anunciado por el Ejecutivo.
Contexto y antecedentes
Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar los contratos vigentes y futuros, garantizando el cumplimiento de las obras y servicios comprometidos.
El anuncio llega en un contexto de fuerte malestar de vecinos, transportistas y productores por el deterioro de las rutas nacionales, un problema que —según denuncian— se agravó por la falta de inversión pública durante el último año.
La iniciativa se suma a la reciente adjudicación de la Etapa 1 de la RFC, que incluye 741 kilómetros correspondientes a rutas del Litoral y al corredor Rosario–Victoria.
El proyecto retoma el modelo de concesiones aplicado en los años ’90 durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se impulsó un sistema de peajes para financiar el mantenimiento vial. Aunque sufrió modificaciones posteriores por reclamos de los usuarios, vuelve ahora a ocupar un rol central en la estrategia del Estado nacional para la infraestructura vial.
