En el Senado, José Mayans negocia para avanzar con el rechazo al veto de la ley de Emergencia en Discapacidad. También quieren limitar el uso de los DNU.
La oposición se apresta a ratificar el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, lo que supondrá otra derrota política fuerte para el presidente en medio del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo sobre las supuestas las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El senador José Mayans, jefe del interbloque, lleva adelante las negociaciones para replicar al menos el número que tuvo la ley cuando se sancionó, el julio: 55 voluntades a favor. Es la clave: si se replica, se alcanzarán los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el decreto, que ya fue rechazado por Diputados.
Si la ley queda vigente, Milei se verá obligado a actualizar el monto de las prestaciones que reciben los operadores del sistema. El presidente aduce que esa medida complicaría el equilibrio fiscal y por eso la rechaza, pero el colectivo que representa a los discapacitados -además de la oposición- replica que el gobierno puede financiar la ley modificando el destino de otras partidas, además de desestimar que el impacto en las cuentas públicas sea realmente significativo.
Si la ley queda vigente, Milei se verá obligado a actualizar el monto de las prestaciones que reciben los operadores del sistema.
Los opositores confían en dar otro golpe político fuerte a Milei, también el jueves en el senado: quitarle la potestad de gobernado sin casi tener en cuenta al Congreso, algo que el presidente viene haciendo a través de un uso intensivo de los decretos.
Para eso, los opositores quieren modificar la ley 26.122 que sancionó Cristina Fernández de Kirchner en 2006 y que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Hoy en día, los DNU tienen vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y, si bien deben ser aprobados por una cámara del Congreso para tener el peso de una ley, lo habitual es que nunca se traten y funcionen ad eternum. El proyecto de la oposición, sin embargo, pretende quitarle esta herramienta al Ejecutivo.
Lo hace introduciendo dos cambios. Por un lado, fija un plazo de 90 días para que el DNU deba tratarse en el Congreso y establece que, de no aprobarse, perderá vigencia de manera automática. Por el otro, establece que bastará el rechazo de una cámara para que el DNU sea volteado (y no de las dos cámaras, como establece hoy la ley). (DIB)
