La Justicia confirmó que Rodrigo Gómez era víctima de una banda que actuaba desde cárceles bonaerenses mediante una aplicación de citas. Hay varios detenidos.
La Justicia confirmó este lunes que Rodrigo Gómez, el soldado que se quitó la vida en diciembre en la Quinta de Olivos, era víctima de una red de extorsión que operaba desde el interior de unidades penitenciarias, utilizando una aplicación de citas como método de captación.
Durante una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, brindaron detalles del caso y explicaron que la investigación se inició tras el hallazgo de una carta escrita por el joven, en la que mencionaba problemas surgidos a partir del uso de una app de citas.
A partir de ese elemento, los investigadores detectaron el funcionamiento de la plataforma Evermatch, donde los usuarios entablaban conversaciones con supuestas mujeres que en realidad no existían. Detrás de esos perfiles falsos actuaba una banda integrada por presos.
Según precisó Arroyo Salgado, el contacto con Gómez comenzó mediante un perfil apócrifo bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo.
Tras intercambiar mensajes e imágenes obtenidas de internet, los delincuentes iniciaron la extorsión: una mujer se comunicó haciéndose pasar por la madre de una menor y lo amenazó con denunciarlo penalmente.
Luego, la maniobra continuó con llamados de un falso policía de la Ciudad —cuya identidad había sido usurpada— que aseguraba que existía una causa judicial en trámite y exigía transferencias de dinero para “frenar” el proceso.
Las sumas eran enviadas a cuentas bancarias de mujeres vinculadas a la organización, que funcionaban como intermediarias.
Posteriormente, el dinero era distribuido en distintas operaciones para dificultar su rastreo. Entre los movimientos detectados figura una transferencia de 600 mil pesos a la cuenta de la pareja de uno de los acusados.
La situación se volvió insostenible para el soldado, quien en la carta que dejó antes de morir detalló deudas, pagos realizados y su desesperación ante las constantes exigencias económicas.
La investigación permitió identificar como cabecillas de la banda a Tomás Francavilla (22), detenido en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también detenido en Magdalena.
Los tres coordinaban las maniobras desde prisión y serán trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo. Además, fueron arrestadas las mujeres que recibían los fondos.
El escrito dejado por Gómez es hoy una prueba clave en la causa, mientras la familia del joven cuestiona la hipótesis judicial y sostiene que nunca manifestó estar atravesando una situación similar.
