Rodrigo Vázquez enfrenta un proceso penal canónico y una causa judicial por violencia de género y tenencia ilegal de armas. El caso visibiliza el rol de las instituciones religiosas ante denuncias de agresión hacia mujeres.
El sacerdote Rodrigo Enrique Vázquez, de 53 años, enfrenta un proceso administrativo penal canónico tras ser denunciado por violencia de género por una mujer con la que habría mantenido una relación sentimental. El expediente, que ya fue elevado a la Santa Sede, se encuentra desde el 2 de junio en el Dicasterio para el Clero, en el Vaticano, donde se deberá definir su situación definitiva. Así lo informó el Obispado de San Nicolás en un comunicado firmado por monseñor Hugo Norberto Santiago.
La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Pergamino, y en ese marco, a principios de junio, la Policía allanó la casa parroquial donde residía el sacerdote, en el barrio Santa Julia. Allí encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22 y unas 200 municiones. Como resultado, se le notificó una causa por “tenencia ilegal de arma de guerra”.
El caso expone nuevamente la urgencia de abordar con firmeza la violencia de género en todas las instituciones, incluidas las religiosas, donde históricamente han existido mecanismos de encubrimiento o dilación frente a denuncias de esta índole. En este sentido, el Obispado informó que el proceso canónico se inició el 7 de agosto de 2023, pero recién un año después se remitió al Vaticano, lo que vuelve a poner en debate la celeridad y la transparencia de la justicia eclesiástica en casos de abuso o violencia.
Desde una perspectiva de género, el tratamiento de este caso cobra especial relevancia, ya que se trata de una denuncia que involucra relaciones de poder y manipulación en un contexto donde las víctimas suelen enfrentar estigmatización, silenciamiento y falta de acompañamiento efectivo.
Cabe recordar que Vázquez ya había sido sancionado en 2023 por enviar mensajes agraviantes contra el entonces obispo Jorge García Cuerva, a quien acusaba de apoyar el terrorismo y atribuía orientación sexual, en tono despectivo. En esa ocasión, debió realizar un retiro espiritual como penitencia, aunque se le advirtió que una nueva falta podría derivar en sanciones más severas, incluida la suspensión del ministerio sacerdotal.
Ahora, con un expediente canónico en Roma y una causa penal en curso, el caso de Vázquez interpela a la Iglesia y al sistema judicial sobre su responsabilidad frente a la violencia contra las mujeres. La sociedad civil y los colectivos feministas reclaman que estos hechos no queden impunes y que se adopten medidas concretas para proteger a las víctimas y erradicar prácticas patriarcales que perpetúan el abuso dentro de las estructuras institucionales.
