El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que 34 personas que recibieron vacunas contra el COVID-19 fuera de los criterios establecidos durante la pandemia sean citadas a declaración indagatoria. La decisión ahora está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti.
La causa por el denominado “Vacunatorio VIP” volvió a tomar impulso en la Justicia. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sean citados a declaración indagatoria Eduardo Duhalde, Hilda “Chiche” Duhalde, Horacio Verbitsky y otras 31 personas que recibieron dosis de la vacuna Sputnik V durante la pandemia por fuera de los criterios sanitarios establecidos.
El pedido alcanza a 34 beneficiarios y fue presentado cinco años después de que estallara el escándalo. Ahora deberá resolverlo la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo la investigación.
Según el dictamen de Taiano, quienes recibieron las vacunas podrían ser considerados partícipes necesarios del delito de peculado, una figura que contempla penas de entre dos y diez años de prisión. La situación procesal de cada uno deberá ser determinada por la Justicia y el pedido de indagatoria no implica, por sí mismo, una condena ni determina responsabilidad penal.
Quiénes aparecen en la lista del Vacunatorio VIP
Además de Eduardo Duhalde, Chiche Duhalde y Horacio Verbitsky, el pedido fiscal incluye a distintas personas vinculadas con dirigentes políticos, funcionarios y empresarios.
Entre los nombres mencionados aparecen el empresario marplatense Seza Manukian, el empresario Florencio Aldrey y sus familiares Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey.
También figuran el diputado Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, María Eva Duhalde y Juliana Duhalde, hijas del expresidente.
La lista incluye además al periodista Gabriel Michi, al fotógrafo presidencial Esteban Collazo, a Patricia Alsua, esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini, al exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y a su esposa, Filomena Marta Burgos.
Otro de los nombres mencionados es el del publicista y dirigente kirchnerista Jorge Héctor “Topo” Devoto.
Para Taiano, los elementos reunidos durante la investigación permiten establecer un “estado de sospecha” suficiente para avanzar con las declaraciones indagatorias.
Qué sostiene el fiscal sobre quienes recibieron las vacunas
Uno de los principales puntos planteados por el fiscal es que los beneficiarios no habrían sido simples receptores pasivos de una decisión adoptada por funcionarios públicos.
Según el dictamen, la aceptación de las dosis habría constituido un aporte necesario para concretar la maniobra, dado que se trataba de personas que no integraban los grupos habilitados para recibir las vacunas en ese momento.
La investigación deberá establecer ahora si cada uno de los beneficiarios sabía que estaba accediendo a una vacuna de manera irregular y si esa conducta puede ser considerada una forma de participación en el delito de peculado.
El fiscal también señaló que los criterios de priorización de la campaña de vacunación eran públicos y conocidos durante la pandemia.
Los episodios que investiga la Justicia
Uno de los principales hechos ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis que estaban destinadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud.
En la antesala del despacho del entonces ministro Ginés González García se instaló un vacunatorio en el que recibieron dosis, entre otros, Horacio Verbitsky, Seza Manukian, Florencio Aldrey y sus familiares, Félix Guille, Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
De acuerdo con la investigación, varias de esas personas fueron registradas en el sistema oficial NOMIVAC como “personal estratégico”, pese a que esa categoría no les correspondía.
Otro de los episodios ocurrió el 1° de febrero de 2021, cuando cinco dosis fueron trasladadas hasta el domicilio de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora.
Allí fueron vacunados el expresidente, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, sus hijas y su secretario privado, Carlos Alberto Mao. Las aplicaciones estuvieron a cargo del entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa.
Taiano sostuvo que la vacunación a domicilio estaba destinada a personas que no podían trasladarse y señaló que no existirían constancias de un impedimento físico de Duhalde que justificara ese procedimiento.
El tercer episodio bajo análisis comprende 36 dosis aplicadas en el Hospital Posadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 a 23 personas que, según la acusación, fueron seleccionadas por sus vínculos personales, familiares o políticos.
Cómo comenzó el escándalo del Vacunatorio VIP
La causa se inició en febrero de 2021, después de que el periodista Horacio Verbitsky revelara públicamente que había recibido la vacuna contra el COVID-19 en el Ministerio de Salud.
La declaración provocó un fuerte impacto político y derivó en la renuncia de Ginés González García como ministro de Salud. En su lugar asumió Carla Vizzotti.
En una primera etapa, la Justicia había archivado parcialmente la situación de las personas vacunadas al considerar que no estaba acreditada la existencia de un delito en su conducta.
Sin embargo, la investigación continuó y en 2024 la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a González García por abuso de autoridad y peculado. Posteriormente, la Cámara Federal confirmó los procesamientos del exministro, Marcelo Guille, Alejandro Costa y Alejandro Maceira.
Además, los camaristas ordenaron profundizar la investigación sobre quienes habían recibido las vacunas para determinar si también podían tener responsabilidad penal.
Qué puede pasar ahora con la causa
La investigación vinculada con los funcionarios que habrían intervenido en la maniobra ya fue elevada a juicio oral. Entre los acusados se encuentran Marcelo Guille, Alejandro Costa y Alejandro Maceira. González García, en tanto, falleció a los 79 años luego de que su procesamiento fuera confirmado.
Ahora será la jueza María Eugenia Capuchetti quien deberá resolver si acepta el pedido del fiscal Taiano y convoca a declaración indagatoria a los 34 beneficiarios.
El caso vuelve así a poner el foco sobre uno de los mayores escándalos de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Argentina. La Justicia deberá determinar si las personas que recibieron aquellas dosis fuera de los criterios establecidos tuvieron conocimiento de la irregularidad y si su conducta puede generar responsabilidad penal.
Además, el fiscal solicitó que se declare extinguida la acción penal por fallecimiento en el caso de Salomón Schachter, Carlos Alberto Mao, Lorenzo Pepe y Miguel Ángel González, quienes habían sido incluidos originalmente en la investigación.
Fuente: Diario Perfil
