Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advierte que el sistema penitenciario opera al 130% de su capacidad y muestra fuertes disparidades entre provincias.
Argentina registra la tasa más alta de personas privadas de la libertad (PPL) de su historia, de acuerdo con el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado en enero de 2026. El documento analiza el crecimiento sostenido del encarcelamiento, los niveles de ocupación del sistema penitenciario, las diferencias jurisdiccionales y las características judiciales y sociodemográficas de la población detenida.
Según el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, al 31 de diciembre de 2024 el país contaba con 121.443 personas privadas de la libertad, lo que equivale a una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes, el valor más alto desde que existen registros.
Cinco provincias superan ampliamente esa media nacional. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).
El informe señala que, en los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un promedio anual del 6%, con la única excepción de 2020, cuando se registró un descenso producto de la pandemia. En 2024, el aumento fue aún mayor y alcanzó el 7,1%. Si bien se incrementó la cantidad de plazas penitenciarias, esa expansión no logró reducir los niveles de sobrepoblación.
De acuerdo con el CNPT, el conjunto de los sistemas penitenciarios del país funciona al 130,2% de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas donde deberían caber 100.
En la última década, la cantidad de personas detenidas en cárceles argentinas creció un 67,7%, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones. Santa Fe registró el incremento más pronunciado, con una suba del 244,8%, seguida por Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%). En estas tres provincias, la población carcelaria se duplicó entre 2015 y 2024.
Respecto de la ampliación de plazas, el informe detalla que durante 2024 varios gobiernos provinciales aumentaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Sin embargo, advierte que buena parte de los nuevos establecimientos recibió a personas que se encontraban detenidas en comisarías, lo que derivó en un aumento del encarcelamiento sin lograr reducir significativamente la cantidad de detenidos en el ámbito policial.
El documento también analiza la situación procesal de las personas privadas de la libertad. A nivel nacional, el 62% de la población carcelaria cuenta con condena, mientras que el 37,3% permanece procesada, es decir, sin sentencia firme. No obstante, existen marcadas diferencias entre provincias.
Neuquén presenta el mayor porcentaje de personas condenadas, con un 99,6%, seguida por Chaco, Chubut y San Juan, todas por encima del 90%. En contraste, algunas jurisdicciones superan la media nacional de personas encarceladas sin condena, entre ellas Formosa (51%), Córdoba (49%), Buenos Aires (43%) y Misiones (39%).
En cuanto a los delitos, el informe indica que la mayor proporción corresponde a los delitos contra la propiedad, que representan el 36,4% del total. Les siguen los delitos contra las personas (21,7%) y los delitos contra la integridad sexual (20,5%).
El CNPT advierte que el crecimiento sostenido del encarcelamiento, combinado con la sobrepoblación estructural, plantea serios desafíos en materia de derechos humanos y condiciones de detención en todo el país.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
