La Cámara Federal de Córdoba dictó un fallo sin precedentes en Argentina al reconocer la relación causal entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven cordobesa de 24 años que falleció en julio de 2021 tras sufrir un cuadro de trombosis con trombocitopenia.
La resolución fue emitida por la Sala A del tribunal federal, que ordenó al Estado nacional avanzar con la indemnización prevista en la ley de reparación por efectos adversos de vacunas contra el COVID-19. El fallo establece un plazo de 30 días para completar el procedimiento administrativo correspondiente.
El caso
Melín Sartori recibió la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021 en el Orfeo Superdomo de Córdoba. Según consta en la causa, la joven no tenía antecedentes médicos relevantes y llevaba adelante tareas solidarias y sociales.
Seis días después de la vacunación comenzó con fuertes dolores de cabeza y vómitos, por lo que debió ser internada de urgencia. Los estudios confirmaron un síndrome de trombosis con trombocitopenia inducido por vacuna (VITT/STT), una reacción adversa poco frecuente asociada a vacunas de vector adenoviral. Falleció el 29 de julio de ese año.
La revisión científica fue clave
Inicialmente, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo había rechazado el reclamo presentado por la madre de la joven, basándose en una clasificación “indeterminada” emitida en 2021 por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas.
Sin embargo, en 2024 el caso fue reevaluado y la propia comisión concluyó que existía evidencia suficiente para establecer una relación causal con la vacuna, reclasificando el evento como “Relacionado A1”.
La Cámara sostuvo que esa revisión resultó determinante para resolver el expediente y remarcó que la normativa vigente no exige “certeza absoluta”, sino la “preponderancia de la evidencia” médica y científica.
Qué valoró la Justicia
El fallo destacó distintos informes médicos y pericias especializadas que detectaron anticuerpos compatibles con el síndrome VITT, sin presencia de otras causas alternativas.
Además, el tribunal cuestionó el rechazo inicial del Estado al considerar que había omitido valorar adecuadamente la documentación médica presentada por la familia.
La decisión judicial podría sentar un antecedente relevante para futuros reclamos vinculados a efectos adversos graves derivados de campañas de vacunación durante la pandemia.
Fuente: Agencia DIB
