A raíz de una presentación impulsada por el Municipio de Azul, la Cámara Federal de Mar del Plata dictó una medida cautelar que obliga al Estado nacional a adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad en la Ruta Nacional N° 3.
La orden judicial alcanza de forma directa a la Dirección Nacional de Vialidad y a la empresa Corredores Viales S.A., exigiéndoles intervenir de inmediato ante el grave deterioro de la calzada.
El fallo de la Cámara revocó una decisión previa del Juzgado Federal N° 2 de Azul, que originalmente había rechazado el pedido. Para dar vuelta la situación, los camaristas se apoyaron en pruebas contundentes sobre el riesgo de vida latente para quienes circulan por esa traza regional.
Baches, deformaciones y once accidentes en seis meses
Las pericias e informes incorporados al expediente judicial por parte de la Policía Federal Argentina (PFA) pintan una radiografía preocupante del sector:
Siniestralidad alarmante: Durante el último semestre se registraron once siniestros viales documentados en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí.
Estado de la traza: Los relevamientos de la PFA constataron de forma oficial la presencia de profundos baches, hundimientos estructurales, deformaciones de la calzada en forma de huellas profundas (causadas por el tránsito pesado) y severas deficiencias en la señalización vial.
Los plazos y exigencias impuestos al Gobierno nacional
El tribunal determinó una serie de obligaciones de cumplimiento inmediato bajo apercibimiento y control judicial estricto:
Plan de contingencia (10 días): La administración nacional dispone de un plazo de diez días hábiles para presentar un plan de trabajo detallado que especifique las obras prioritarias, cronogramas de tareas y responsables de ejecución.
Plazo para las obras de fondo: Las reparaciones definitivas sobre la calzada deberán completarse en un máximo de 120 días corridos, con la obligación accesoria de elevar informes mensuales al juzgado respecto al avance técnico de los trabajos.
Señalización provisoria para frenar el peligro
Mientras se coordinan los inicios de las obras estructurales de repavimentación, la Justicia ordenó la implementación inmediata de medidas preventivas de seguridad.
De manera provisoria, Vialidad deberá disponer en el tramo la colocación de cartelería de advertencia de peligro, balizamientos refractarios, dispositivos especiales destinados a mejorar la visibilidad nocturna, reducciones de velocidad obligatorias en zonas de riesgo y parches provisorios sobre los baches considerados más críticos para los usuarios.
Fuente: Agencia DIB
