El jefe del Poder Judicial prometió procesos “rápidos” mientras organismos de derechos humanos denuncian miles de muertos. Amnistía Internacional y Estados Unidos exigen frenar las condenas a muerte previstas para este miércoles.
El régimen de Irán profundiza su ofensiva judicial contra los manifestantes detenidos durante la ola de protestas iniciada el pasado 28 de diciembre, en medio de fuertes denuncias por violaciones a los derechos humanos y posibles ejecuciones inminentes. El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, aseguró que los acusados serán sometidos a juicios acelerados, una declaración que generó alarma en la comunidad internacional.
La preocupación se centra especialmente en el caso de Erfan Soltani, un joven de 26 años condenado a muerte por el cargo de “moharebeh” (“guerra contra Dios”, según la ley iraní), una figura penal utilizada habitualmente contra opositores políticos. Organismos internacionales advirtieron que su ejecución podría concretarse en las próximas horas.
Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei afirmó que los tribunales deben actuar con rapidez ante delitos cometidos durante las protestas. Según organizaciones humanitarias, estas declaraciones confirman un endurecimiento de la represión judicial contra quienes participaron de las manifestaciones.
Las cifras de víctimas varían según las fuentes. El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, informó que ha verificado más de 2.500 muertes desde el inicio de la represión, entre manifestantes, civiles y personas vinculadas al gobierno. En tanto, la organización Iran Human Rights (IHR), con base en Noruega, reportó al menos 734 fallecidos, aunque advirtió que el número real podría ser considerablemente mayor.
Por primera vez, un funcionario iraní reconoció públicamente una cifra cercana a los 2.000 muertos, aunque el régimen insiste en atribuir gran parte de los fallecimientos a supuestos “ataques terroristas” apoyados desde el exterior. Sin embargo, medios internacionales y entidades humanitarias coinciden en señalar que se trata de la represión más violenta en décadas.
La pena de muerte se convirtió en un eje central de la respuesta estatal. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la primera ejecución estaba prevista para este 14 de enero, y reclamó el cese inmediato de las condenas capitales. Amnistía Internacional también exigió la suspensión de todas las ejecuciones y denunció el uso del sistema judicial como herramienta de intimidación.
Desde Washington, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos “actuará con firmeza” si Irán avanza con una campaña de ejecuciones, y aseguró que “una muerte ya es demasiado”. Además, anunció el congelamiento de contactos diplomáticos y nuevas sanciones económicas.
Las protestas, que comenzaron por el aumento del costo de vida, derivaron rápidamente en un movimiento antigubernamental que se extendió a distintas ciudades del país. El líder supremo, Ali Khamenei, enfrenta la mayor ola de desobediencia civil desde la Revolución Islámica de 1979.
A este escenario se suma un apagón casi total de internet, vigente desde el 8 de enero, que dificulta la verificación independiente de la situación. Según Netblocks, el corte de conectividad superó las 130 horas consecutivas.
Mientras continúan las tensiones, la presión internacional crece y diversos países y organismos advierten que las consecuencias de la represión marcarán de manera profunda el futuro político y social de Irán.
Fuente: Infobae / Reuters
