Según estimaciones sindicales, el impacto económico equivaldría al financiamiento de seis leyes universitarias y golpearía de lleno a jubilados y provincias.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei tendría un fuerte impacto fiscal y podría generar un desfinanciamiento significativo de la Seguridad Social, especialmente de la ANSES, según estimaciones de técnicos sindicales.
De acuerdo con un informe elaborado por especialistas de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el costo fiscal de la iniciativa alcanzaría en 2026 el equivalente al 1,278% del Producto Bruto Interno (PBI).
En términos comparativos, esa cifra representa un monto similar al financiamiento de seis leyes de Financiamiento Universitario, una norma que el propio Milei vetó por considerar que ponía en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
El trabajo advierte que la reducción de las contribuciones patronales, la creación de un fondo de cese laboral y una serie de recortes impositivos previstos en el proyecto implicarían una fuerte resignación de ingresos tanto para el Estado nacional como para las provincias, ya que varios de los tributos involucrados son coparticipables.
Debate legislativo y rechazo sindical
La reforma laboral será tratada en el Congreso durante febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias, y promete generar un debate intenso. La CGT ya expresó su rechazo a la iniciativa y sigue de cerca el avance del proyecto.
El tratamiento comenzará en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará obtener media sanción. Luego, la discusión pasará al Senado, un escenario más complejo para el Gobierno debido al peso de los gobernadores peronistas y de las organizaciones sindicales, donde se anticipan modificaciones y una pulseada más dura.
Jubilados, los más afectados
Uno de los puntos más cuestionados es la reducción de las contribuciones patronales, que constituyen la principal fuente de financiamiento de la Seguridad Social. Estos recursos están destinados específicamente al pago de jubilaciones y otros derechos sociales, por lo que su recorte impactaría de manera directa en los haberes previsionales.
El proyecto propone bajar las contribuciones patronales del 20,4% al 17,4% para el sector servicios y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados, lo que significaría un beneficio para las empresas, pero una pérdida estructural para el sistema previsional.
La magnitud del costo fiscal, según remarcan los críticos de la iniciativa, contrasta con otras leyes vetadas recientemente por el Ejecutivo, como la de Financiamiento Universitario o la de Emergencia Pediátrica, que implicaban impactos mucho menores sobre el PBI.
Fuente Página 12
