En medio de un creciente descontento por salarios insuficientes y malas condiciones laborales, sectores de la fuerza bonaerense hablan de protestas y movilizaciones en los próximos días, con el enojo en aumento ante la falta de conexión con el poder político.
Por Mundo Gremial
La provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de alta tensión en el ámbito público por el reclamo salarial y las condiciones laborales. Las paritarias con estatales y docentes se estancaron tras el rechazo unánime a la oferta del 2 % presentada por el gobierno de Axel Kicillof, dejando las negociaciones sin avances concretos. Pero hay un sector que no forma parte de la discusión paritaria y donde la bronca va en aumento: la Policía bonaerense.
Por una restricción judicial, la fuerza policial no participa de paritarias independientes: sus aumentos se aplican automáticamente en espejo con lo acordado para el resto de los empleados públicos provinciales, lo que genera un rezago permanente frente a la inflación.
Nexo roto entre la Policía y el poder político
En las últimas semanas se profundizó la distancia entre los efectivos y el poder político. Este verano no se desplegó el clásico Operativo Sol con la misma envergadura que en años anteriores, situación que se complejizó con una temporada de conflictos calientes en zonas sensibles del conurbano. Buena parte de los policías no recibió el adicional veraniego que solían percibir en períodos estacionales, y eso repercutió entre los trabajadores.
El malestar es cada vez más visible. En distintos grupos internos de la fuerza circula con fuerza la posibilidad de un acuartelamiento o medidas de fuerza. Algunos sectores ya mencionan el 13 o 16 de febrero como fecha tentativa para movilizaciones en puntos clave, con especial énfasis en la difícil situación que atraviesan las familias de los uniformados. También se habla de concentraciones frente al Ministerio de Seguridad, en el Puente 12 de La Matanza o incluso en la sede de la Gobernación.
Se trata de empleados públicos que, sin paritarias propias, ven cómo sus ingresos quedan muy por debajo del costo de vida. Fuentes internas de la fuerza señalan que, aunque el tema salarial es el principal detonante, no es el único factor y hoy no estarían dadas las condiciones para un acuartalamiento. En estos casos, beneficios puntuales logran descomprimir tensiones. Aunque hoy el nexo entre Polícía y el poder político está roto.
«Por malos tratos hacia el personal, mental y económicamente. Nos tienen olvidados, son culpables los políticos de turno. Tenemos hijos familias que cuidar y mantener para que no les falte nada, trabajamos 24 horas o más para cubrir los gastos esenciales. Y el gobierno provincial nos tiene olvidados en la pobreza: nadie puede vivir con $850.000», son algunas de las consignas que desplegaron distintos grupos de de la fuerza.
Las principales quejas de la policía de Kicillof
Entre los principales reclamos figuran:
–Un aumento salarial acorde a la función de riesgo permanente y al contexto económico actual, que permita vivir con dignidad.
–Actualización del valor de las horas extras CORES (hoy a $1.200 por hora).
–Pago de recargos obligatorios y reconocimiento de la carga horaria real.
Entre las quejas, los efectivos policiales describen complejidades para alquilar una vivienda, alimentar a una familia y cubrir gastos básicos, lo que genera una presión económica constante que deriva en estrés y angustia diaria. A esto se suman traslados a destinos lejanos, jornadas de 12 horas y hasta seis horas diarias de viaje, que terminan agotando física y mentalmente al personal sin que existan mecanismos efectivos de alivio.
La obra social IOMA es también centro de las críticas por su falta de respuesta y cobertura adecuada. Dentro de la institución, la ausencia de diálogo genuino es otro punto en cuestión: expresar disconformidad o plantear reclamos suele traducirse en traslados, sanciones o aislamiento, señalan.
Los efectivos exigen también límites reales a la cantidad de horas de servicio para respetar el descanso y la salud; provisión y mantenimiento de móviles y dependencias en condiciones dignas; entrega anual de dos mudas completas de uniforme en buen estado; ascensos por antigüedad y mérito sin arbitrariedades; erradicación de tratos abusivos y jerarquías que respeten la dignidad del personal; y un programa de reentrenamiento integral que incluya preparación física, apoyo psicológico, manejo responsable de armas y actualización en derecho penal, Constitución Nacional y derechos humanos.
Por ahora, no hubo respuestas concretas desde el Ejecutivo provincial a estas demandas. El silencio oficial alimenta la incertidumbre y aumenta el riesgo de que el malestar derive en acciones colectivas en las próximas semanas con el acuartelamiento como posibilidad latente.
(Mundo Gremial)
