La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) presentó una denuncia ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires contra el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y varios de sus funcionarios.
El gremio acusa a la gestión municipal de una evasión multimillonaria de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS) y al IOMA, así como de la malversación de fondos públicos provinciales.
Denuncia formal ante el Tribunal de Cuentas
El escrito, firmado por el secretario general de FESIMUBO, Rubén “Cholo” García, fue presentado este martes 11 de noviembre de 2025 en la Mesa de Entradas del Tribunal de Cuentas, que preside Federico Thea.
Según la denuncia, el municipio de Almirante Brown “lleva adelante una gestión ruinosa de los fondos públicos”, incumpliendo con sus obligaciones previsionales y de salud, en perjuicio del IPS y del IOMA, con un daño estimado superior a los $10.000 millones anuales.
Evasión y precarización laboral
FESIMUBO sostiene que de los casi 7.000 trabajadores municipales, solo 1.350 (19%) están debidamente registrados con aportes a los organismos provinciales.
El resto —unos 5.650 empleados— se desempeñaría bajo formas de contratación precarias, como monotributistas, becarios, pasantes o integrantes de cooperativas.
Además, el sindicato denuncia que bonificaciones, horas extras y presentismo se abonan “en negro”, sin los aportes correspondientes.
El documento argumenta que esta política “viola la Ley 14.656 de Relaciones Laborales Municipales” y otras normas provinciales que garantizan estabilidad y aportes obligatorios, además de vulnerar el orden público laboral.
Cálculo del perjuicio
El informe gremial detalla que el municipio habría evadido:
$6.200 millones anuales en aportes y contribuciones al IPS,
$3.050 millones en aportes al IOMA,
sumando un perjuicio total de más de $10.000 millones para los sistemas previsional y de salud bonaerenses.
Asimismo, FESIMUBO afirma que, al obligar a trabajadores a inscribirse como monotributistas, el municipio “termina transfiriendo recursos provinciales al Estado nacional”, por más de $2.100 millones al año.
Pedido de sanciones
En su presentación, García solicitó al Tribunal de Cuentas la apertura de un sumario administrativo y la aplicación de las sanciones más severas contra el intendente Mariano Cascallares y los funcionarios responsables.
“El propio Estado municipal no puede ser quien precarice a sus trabajadores y evada sus obligaciones previsionales. Esta situación afecta no solo a los empleados sino también a la sustentabilidad del IPS y del IOMA”, expresó el dirigente gremial.
La denuncia de FESIMUBO se da en un contexto de tensiones entre el gremio y distintos municipios por la situación laboral y salarial del personal comunal.
Rubén García, referente histórico del sindicalismo municipal bonaerense, reclamó en reiteradas oportunidades que los intendentes cumplan con la ley provincial y regularicen a los empleados en condiciones precarias.
