El Gobierno nacional eliminó el sistema de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados, al derogar una norma que desde 1993 regulaba la relación entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país.
La medida, oficializada este martes mediante el Decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial, podría tener impacto en el ciclo lectivo 2026, aunque en la provincia de Buenos Aires el panorama sería distinto.
El nuevo decreto deja sin efecto el Decreto 2417/1993, que obligaba a los colegios privados a informar y obtener autorización previa del Estado antes de modificar sus cuotas o matrículas.
A partir de ahora, las instituciones educativas podrán fijar libremente sus precios, sin necesidad de aprobación oficial.
Desde el Gobierno nacional argumentaron que el sistema anterior “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.
Además, se destacó que el traspaso de competencias educativas a las provincias hace necesario “revisar el marco normativo existente” y favorecer “un entorno más propicio” para la gestión privada.
El texto oficial también plantea que la intervención estatal en los aranceles generó “efectos contraproducentes que afectan la viabilidad económica del sector”, al impedir que las instituciones ajusten sus precios de acuerdo con sus costos reales.
En esa línea, el Gobierno nacional defendió la “libertad de contratación y de fijación de salarios” por parte de los colegios, en el marco de la desregulación general que impulsa la administración libertaria.
Situación en la provincia de Buenos Aires
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires —donde funciona un alto porcentaje de escuelas privadas subvencionadas— la situación podría no modificarse de inmediato.
Actualmente, los aumentos en las cuotas deben ser autorizados por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que mantiene un esquema de control propio.
Por eso, se espera que la gestión provincial no adhiera a la desregulación nacional, al menos en el corto plazo. De mantenerse esa postura, los colegios privados bonaerenses continuarían sujetos al sistema actual de control de aumentos durante 2026.
En cambio, en las provincias que adopten el nuevo marco nacional, las instituciones privadas podrán establecer libremente sus aranceles, lo que podría traducirse en aumentos más pronunciados de las cuotas y un impacto desigual entre escuelas de distintos niveles socioeconómicos.
La decisión nacional marca un nuevo capítulo en el debate sobre el rol del Estado en la educación y abre interrogantes sobre su aplicación concreta en los distritos, como Olavarría, donde conviven colegios de gestión privada con y sin subsidio estatal.
