El Gobierno argentino solicitó a la Justicia de Estados Unidos la suspensión inmediata del proceso de discovery en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
El pedido fue presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo que conduce el procurador Sebastián Amerio, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
La presentación busca frenar la etapa de exhibición y producción de documentos, conocida como discovery, que fue ordenada por la jueza Loretta Preska dentro del proceso judicial.
Audiencias previstas para abril
El pedido de suspensión también apunta a detener la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril, en la que se analizarían posibles sanciones contra la Argentina dentro del expediente.
Según los abogados del Estado argentino, existen “fundamentos sólidos” para revertir la decisión judicial, entre ellos una supuesta interpretación incorrecta del derecho argentino y el principio jurídico conocido como “forum non conveniens”, que plantea que otro tribunal podría ser más apropiado para tratar el caso.
Argumentos sobre soberanía y relaciones exteriores
En la presentación judicial, el Gobierno argumentó que continuar con el discovery podría generar un “perjuicio irreparable para la soberanía nacional”, además de afectar la previsibilidad necesaria para el desarrollo de las relaciones financieras del país.
También advirtió que el avance de esta etapa del proceso podría tener impactos en las relaciones exteriores y provocar “ineficiencias procesales” si futuras decisiones judiciales modifican el rumbo del caso.
Documentación ya entregada
Desde la defensa argentina señalaron además que el país ya cumplió ampliamente con las órdenes del tribunal. Según indicaron, se entregaron más de 117.500 páginas de documentación y se realizaron 37 horas de testimonios brindados por siete funcionarios de alto rango.
Además, se aportaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz como parte de la evidencia solicitada.
Pese a ello, los demandantes pidieron que la Argentina sea declarada en desacato, algo que el Gobierno calificó como una medida “improcedente y desproporcionada”.
Apoyo del Departamento de Justicia de EE.UU.
En el expediente también se mencionó el respaldo recibido por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que presentó un documento ante el tribunal en el que manifestó su posición favorable a la Argentina en el marco del litigio.
Mientras tanto, el proceso judicial por la expropiación de YPF continúa siendo uno de los casos más relevantes que enfrenta el país en tribunales internacionales, con implicancias económicas y diplomáticas de gran alcance.
Fuente Agencia Noticias Argentinas
