La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza para modificar o derogar el Estatuto del Periodista reabre una discusión que excede lo laboral: cómo garantizar independencia informativa en un contexto de transformación tecnológica y tensión institucional.
La intención de revisar o eliminar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) se inscribe dentro del programa de reformas estructurales promovido por el gobierno de Javier Milei. El argumento oficial sostiene que se trata de una norma anacrónica que encarece la contratación y limita la competitividad en un mercado de medios atravesado por la digitalización.
Sin embargo, el debate no se agota en la modernización normativa. La discusión toca un punto sensible: bajo qué condiciones materiales se produce la información que circula en una democracia y quiénes pueden ejercerla con independencia.
🏛️ Una ley nacida en otro contexto
El Estatuto del Periodista fue sancionado en 1946 en un escenario dominado por medios gráficos y estructuras empresariales verticales. Reconoció particularidades del oficio y estableció protecciones específicas en materia de estabilidad e indemnización.
Ocho décadas después, el ecosistema informativo es radicalmente distinto. Redacciones convergentes, producción multiplataforma, métricas digitales y modelos de monetización fragmentados plantean desafíos que la norma original no contempló.
Desde esa perspectiva, revisar el marco legal aparece como una necesidad legítima.
El interrogante central es si la actualización preservará las garantías que sostienen la independencia profesional o si, por el contrario, derivará en una desregulación que debilite el ejercicio crítico del periodismo.
⚖️ El argumento de la flexibilización
El proyecto impulsado por La Libertad Avanza propone eliminar el régimen especial y encuadrar a los trabajadores de prensa bajo la Ley de Contrato de Trabajo general.
Entre los efectos inmediatos podrían encontrarse:
- Mayor flexibilidad en contrataciones y desvinculaciones.
- Reducción de costos laborales empresariales.
- Unificación normativa con otros sectores de la economía.
Desde una lógica de mercado, la medida busca eliminar lo que se considera un privilegio sectorial.
No obstante, la pregunta que subyace es otra: ¿puede tratarse al periodismo como una actividad económica más sin afectar su función institucional?
📰 Verdad, independencia y autocensura
La producción de información no ocurre en el vacío. Depende de condiciones laborales concretas.
Cuando la estabilidad disminuye y la relación contractual se vuelve más frágil, aumenta la exposición a presiones empresariales o políticas. En ese contexto, la autocensura puede operar de manera silenciosa: menos investigaciones complejas, menor cuestionamiento al poder y mayor alineamiento editorial.
El debate sobre el estatuto no es solamente sindical. Está vinculado con la calidad de la información que recibe la ciudadanía.
Una democracia no se define únicamente por la existencia de elecciones periódicas, sino también por la circulación de información veraz, diversa y crítica. Si el marco laboral condiciona esa producción, la discusión impacta directamente en el “futuro de la verdad” como bien público.
🔄 Modernizar sin desproteger
Actualizar la legislación resulta razonable frente a cambios tecnológicos evidentes. Una reforma integral podría incorporar:
- Reconocimiento formal del trabajo digital y multiplataforma.
- Nuevas categorías profesionales acordes al entorno actual.
- Protección frente a violencia digital y hostigamiento en redes.
- Mecanismos modernos de negociación colectiva.
La cuestión clave es si la modificación será integral o si se limitará a eliminar garantías sin ofrecer un esquema sustitutivo equivalente.
Modernizar no implica necesariamente desregular. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que combine eficiencia económica con protección institucional.
🌎 Más allá de lo sectorial
El periodismo cumple una función estratégica en el sistema republicano: fiscalizar al poder, canalizar conflictos sociales y sostener el debate público.
En contextos de alta polarización política y concentración mediática, la reducción de garantías puede intensificar la dependencia económica de las redacciones y, en consecuencia, debilitar el pluralismo.
La eventual derogación del estatuto no implicaría por sí sola una ruptura democrática. Pero sí podría contribuir a una transformación del ecosistema informativo cuyos efectos se perciban en la calidad y diversidad de la información disponible.
🔎 Una decisión con impacto estructural
La Argentina enfrenta el desafío de adaptar sus marcos regulatorios a una nueva era. Esa discusión es legítima y necesaria. No obstante, el periodismo no constituye un rubro productivo ordinario: su tarea incide directamente en la transparencia institucional y en la formación de opinión pública.
La forma en que se resuelva esta reforma definirá no sólo el régimen laboral de los trabajadores de prensa, sino también el estándar de independencia bajo el cual se produce la información.
En definitiva, el debate no gira exclusivamente en torno a una ley de 1946. Se trata de cómo se preserva, en el siglo XXI, la posibilidad de que la verdad circule sin condicionamientos estructurales en una democracia plural. (InfoNoticias)
