En Olavarría, la medida tendría un fuerte impacto. El principal reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del 51% adeudada por el Gobierno.
Docentes de universidades nacionales anunciaron un paro nacional universitario que comenzará el lunes 16 de marzo. De acuerdo a las consultas realizadas en las últimas horas, el impacto en las facultades de la Unicen en Olavarría sería “altísimo”, según coincidieron distintas fuentes del sector.
La medida inicialmente estaba prevista hasta el 20 de marzo, con retorno a las clases el 23, pero desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) se propone que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y se efectivice un aumento salarial del 51% pendiente.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, Laura Carboni, explicó que la decisión adoptada en la última asamblea de la UBA se llevará al congreso de la Federación CONADU Histórica, para que la medida tenga alcance nacional.
“Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea, el martes pasado, para traer el mandato al congreso de la Federación. La medida de lucha tiene que salir de manera nacional y, en caso de que así no sea, arrancamos el paro el 16 y ya el día 20 tendremos otra asamblea para definir cómo continuamos”, detalló Carboni.
Alcance y motivaciones
El paro convocado por la CONADU Histórica y el Gremio de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) será de una semana, con posibilidad de extenderse según los resultados de las asambleas y decisiones federales.
Los docentes reclaman que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y reafirmada en ambas cámaras del Congreso tras el veto del presidente Javier Milei. Además, exigen que se abone la diferencia salarial del 51%, que surge de la brecha entre los aumentos otorgados unilateralmente por el Gobierno y la inflación real.
Carboni agregó que la propuesta de paro busca presionar al Gobierno para convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación de la Ley en el Congreso, considerando “inaceptable” la oferta de un aumento del 12% en tres cuotas hasta octubre de 2026, presentada por el Ejecutivo.
El conflicto deja en evidencia la tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos universitarios en torno al financiamiento y la política salarial en el sistema educativo público.
