La gran polémica que sacudió a la última edición del concurso de pesca más importante del país sumó un capítulo clave en los tribunales. El pescador bahiense Fabián Oscar Espíndola, quien había logrado el segundo puesto en “Las 24 Horas de la Corvina Negra” de Tres Arroyos y ganado una camioneta Toyota Hilux, redefinió su estrategia legal en la multimillonaria demanda por daños y perjuicios que le inició a la organización tras ser descalificado.
A través de su representación legal, el concursante decidió desistir de la acción penal y civil individual contra el presidente y vicepresidente del Club Cazadores de Tres Arroyos. De esta manera, el foco y la demanda económica quedan apuntados exclusivamente contra la institución, reclamando una indemnización total de $168.612.000.
Los motivos de la polémica descalificación
El conflicto se originó en febrero de este año, en las playas de Tres Arroyos, durante la 64° edición del emblemático certamen que reunió a más de 5.700 participantes:
La pieza del podio: Espíndola había fiscalizado una corvina de 2,5 kilos, registrando de forma provisoria el segundo lugar de la clasificación general y quedándose con la camioneta 0 km.
La denuncia: Días después del cierre, la comisión organizadora recibió un video de la zona de pesca conocida como «La Zaranda». En las imágenes se observaba que el pescador habría utilizado una red (tipo copo o «gorro») para completar la extracción del ejemplar del agua, lo cual representa una flagrante ayuda externa prohibida por el reglamento tradicional.
La contraofensiva del pescador: «Fue una pantomima»
Lejos de aceptar la sanción, Espíndola llevó el caso a los tribunales bajo las normas de la Ley de Defensa al Consumidor, denunciando graves irregularidades en el proceder del Club de Cazadores:
Videos editados: La defensa del pescador impugnó penalmente el material audiovisual utilizado para sancionarlo, alegando que las imágenes fueron burdamente manipuladas y editadas con filtros para simular una falta que nunca existió.
Cambio de reglas a último momento: La demanda acusa a la entidad de «desidia reglamentaria» debido a la supuesta confección de un acta interna, hecha apenas diez días antes del concurso, que modificó las reglas de juego sin que los participantes fueran notificados.
Maniobra de ocultamiento: El abogado del denunciante acusó formalmente al club de ocultar documentación vital para el expediente judicial, como el Estatuto Constitutivo y la nómina de autoridades vigentes.
Al concentrar la demanda únicamente en la figura jurídica del club y no en sus dirigentes, la estrategia busca acelerar los tiempos procesales, respaldándose en la solvencia patrimonial de la histórica institución tresarroyense para responder ante un eventual fallo condenatorio de la Justicia.
Fuente: Agencia DIB
