Un plan oficial de reestructuración pone en la mira 42.000 hectáreas y hasta 2.000 puestos de trabajo. Gremios y expertos alertan que el desmantelamiento afectaría la investigación agropecuaria y la asistencia técnica en todo el país.
Un plan de ajuste estructural sin precedentes se cierne sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Impulsado por el Gobierno nacional, el proyecto implica la venta de tierras, la concentración de su estructura y recortes de personal que oscilarían entre 1.500 y 2.000 puestos. La incertidumbre laboral se intensifica en vísperas de las fiestas, mientras aumentan las advertencias sobre el riesgo que esto representa para la investigación pública y la asistencia técnica en todo el país.
La medida más contundente es la reducción del patrimonio territorial. Documentación oficial a la que accedió LA NACION detalla la voluntad de «desafectar» 33.836 hectáreas de campos, consideradas «en desuso». Estos lotes, distribuidos en siete provincias, serían transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su eventual venta. No obstante, la meta total es mayor. Según el portal Ruralnet, el relevamiento abarca unas 42.000 hectáreas, incluyendo 25.000 que aún están en funcionamiento.
Reorganización y cierre de estructuras históricas
Paralelamente, se propone una reestructuración radical de la organización del instituto. El plan pasa por reducir las 52 Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) a un máximo de 23, buscando dejar solo una por provincia. La Estación Experimental del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya figura en los documentos como derogada. Además, se planea eliminar las 293 Agencias de Extensión Rural, la mayoría operada por equipos mínimos.
La gobernanza del organismo también cambiaría de forma sustancial. Se abandonaría el modelo colegiado para adoptar uno jerárquico y se reducirían los 15 Centros Regionales a solo 4 macro-regiones. «El ajuste no es malo en sí mismo; lo grave es avanzar a espaldas de los actores involucrados», sintetizan voces críticas consultadas por Ruralnet, que cuestionan el hermetismo del proceso.
Despidos masivos en vísperas de las fiestas
El impacto sobre los trabajadores es inmediato y severo. Las autoridades ratificaron un nuevo programa de Retiro Voluntario y anticiparon el «pase a disponibilidad» del personal de áreas a cerrar. El gremio APINTA, en declaraciones al Diario San Rafael, precisó que esta medida afectaría a 1.700 trabajadores y es «equivalente a un despido».
«Lo que quieren llevar adelante contra el INTA desde el Gobierno es criminal. Quieren generar un nivel de desocupación que no tiene antecedentes», denunció José Luis Perea, Secretario General de ATE INTA Castelar, durante la última reunión del Consejo Directivo. La angustia se potencia por la falta de garantías: «Ayer ningún consejero pudo asumir el compromiso de no despedir», afirmó Julieta Boedo, de la coordinación nacional de ATE INTA.
Cambio de rumbo en la investigación científica
El plan no se limita a lo edilicio y laboral, sino que redefine la misión científica del INTA. La agenda pasaría de 134 Programas Nacionales a concentrarse en apenas 25 líneas de investigación, priorizando el llamado «agronegocio». Quedarían eliminados programas vinculados a la agricultura familiar, estudios territoriales y otras áreas consideradas de «bajo impacto productivo».
«Pensar una institución como el INTA, que está a nivel país, no tenga las herramientas para poder funcionar respecto a lo que es la materia más importante de la economía, es muy grave», argumentó Andrés Quiroga, referente de APINTA. Este cambio implicaría el cierre de centros emblemáticos como el de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (CIPAF).
Los alcances estratégicos de un organismo clave
El INTA es un pilar en áreas sensibles que trascienden la investigación agropecuaria. Su trabajo converge en la inocuidad alimentaria, controlando residuos peligrosos en frutas, verduras y carnes. Además, fiscaliza el impacto de agroquímicos, gestiona la sanidad animal para prevenir zoonosis y conserva recursos genéticos.
Su acción es vital en el desarrollo de semillas, la adaptación al cambio climático y el apoyo a la agricultura familiar, siendo en muchos casos la única asistencia técnica en regiones alejadas. En definitiva, el organismo enfrenta un plan de ajuste que remodelaría su estructura histórica.
Rechazo unánime y llamado a la defensa del organismo
La ofensiva ajustadora ha encontrado una resistencia firme. Para el analista Carlos Milicevic, en un editorial para La Política Online, es «increíble tanta saña con el INTA». Critica la insistencia en un modelo de macroregiones que ya demostró ser más costoso e ineficiente, y hace un llamado a las entidades del sector: «Espero que el consejo directivo y los representantes de las entidades rurales alerten y paren cualquier atropello».
Los gremios, en estado de alerta, se movilizan. APINTA rechaza el plan por considerarlo una reedición del decreto 462, ya rechazado por el Congreso. ATE, por su parte, define medidas de fuerza. El conflicto trasciende la cuestión laboral y pone en la mira el futuro de una institución que, según sus defensores, es un pilar de la soberanía alimentaria y el desarrollo tecnológico federal. (InfoNoticias)
