Desde la Sociedad Rural Argentina desmintieron declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quien afirmó que Argentina tiene “un problema de fiebre aftosa”. Mientras tanto, el Gobierno de Milei evitó pronunciarse.
La reciente afirmación de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura del expresidente estadounidense Donald Trump, generó polémica en el sector agropecuario argentino. Durante una entrevista, la funcionaria aseguró que la Argentina enfrenta “un problema de fiebre aftosa”, motivo por el cual la importación de carne desde nuestro país será limitada.
Sus declaraciones se dieron en el contexto de negociaciones comerciales bilaterales entre ambos países, que incluyen la posibilidad de ampliar la cuota de exportación de carne argentina a Estados Unidos. Actualmente, ingresan 20.000 toneladas con arancel cero, y el objetivo sería llevar esa cifra a entre 60.000 y 70.000 toneladas.
Ante estos dichos, desde el Gobierno de Javier Milei no hubo respuesta oficial, lo que generó críticas por parte del sector agropecuario. Fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien salió al cruce de Rollins:“La señora está mal informada. En Argentina no tenemos ningún problema con esa enfermedad. Hace más de 20 años que no hay brotes y se trabaja de forma muy seria en el control sanitario”, expresó en declaraciones radiales.
Pino recordó que Argentina tiene zonas clasificadas como libres de aftosa con y sin vacunación, y que el estatus sanitario del país es reconocido a nivel internacional. “Vamos a creer que fue un error o un comentario desafortunado, pero hay que aclararlo”, agregó el dirigente rural.
Cabe señalar que, según registros oficiales, el último brote de fiebre aftosa en Argentina se produjo en 2006. Desde entonces, se mantiene un estricto sistema de control y vacunación para garantizar la sanidad del rodeo.
Por otro lado, sectores de la oposición también expresaron preocupación por la decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de vacunación contra la aftosa para la segunda campaña de 2026, medida que, según advirtieron, podría generar confusión o desconfianza en los mercados internacionales.
Mientras tanto, el sector agropecuario reclama una defensa más activa por parte del Estado frente a este tipo de declaraciones, que podrían afectar el comercio exterior y la reputación del país como proveedor confiable de carne vacuna.
