La entidad advirtió que el contrabando y la comercialización informal perjudican a las empresas que cumplen con sus obligaciones y desalientan las contrataciones. Reclamó más controles fronterizos, fiscalías especializadas y una reducción de la presión tributaria, especialmente a nivel provincial y municipal.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su preocupación por el impacto de la venta ilegal sobre las empresas, el empleo registrado y la recaudación fiscal. La entidad sostuvo que la competencia desleal afecta a los comerciantes que cumplen con sus obligaciones tributarias y laborales, mientras reclamó una mayor coordinación entre los organismos estatales para combatir el contrabando.
En declaraciones a Mundo Gremial, la cámara planteó que el problema requiere una estrategia integral que combine controles más estrictos, investigaciones sobre las redes de comercialización ilegal y una reducción de los impuestos que afronta la actividad formal.
«La venta ilegal destruye empleo registrado en el sector formal y lo sustituye por empleo precarizado, sin aportes jubilatorios ni cobertura médica, a menudo vinculado a redes de trabajo esclavo, contrabando y falsificación de marcas», señalaron desde la entidad.
El planteo se conoció luego de una reunión que representantes de la CAC mantuvieron el 29 de septiembre con el director general de Aduanas, José Andrés Veliz. Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron información sobre el contrabando en distintos puntos del país y acordaron continuar trabajando en el análisis de la problemática.
Menos empleo y dificultades para sostener las plantillas laborales
Uno de los principales puntos de preocupación de la CAC es la incidencia de la venta ilegal sobre el mercado laboral. Según la entidad, la competencia de quienes comercializan productos fuera del circuito formal dificulta que los comercios puedan sostener sus estructuras y generar nuevos puestos de trabajo.
Desde la cámara afirmaron que tienen conocimiento de empresas de distintos tamaños en las que la actividad ilegal favorece la reducción de personal y desalienta nuevas contrataciones.
La explicación está relacionada con las diferencias de costos entre los negocios formalizados y aquellos que operan al margen de las obligaciones fiscales y laborales.
«Mientras que el comerciante legalmente establecido debe pagar tributos, que por cierto consideramos que son excesivos —por mencionar algunos IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y tasas municipales—, otros costos fijos como alquileres y servicios, además de cargas sociales para sus empleados registrados, el informal opera sin muchos de estos costos», describieron.
Para la entidad, esa desigualdad genera una competencia que perjudica a quienes cumplen con las normas y puede profundizar un círculo de informalidad, menor contratación y pérdida de recursos fiscales.
Jeans declarados a 50 centavos de dólar: el ejemplo que presentó ante Aduanas
Durante el intercambio con las autoridades aduaneras, la CAC mencionó casos de mercadería importada con valores declarados que consideró llamativamente bajos.
Uno de los ejemplos señalados fue el de prendas de vestir, con jeans declarados a 50 centavos de dólar al ingresar al país.
La cámara utilizó esa situación para ilustrar las irregularidades que, según sostiene, deben investigarse y para insistir en la necesidad de mejorar la coordinación entre las dependencias estatales.
El reclamo no se limita a los controles sobre las importaciones. La entidad también pidió articular acciones entre los organismos responsables de fiscalizar el ingreso, la distribución y la comercialización de productos en todo el territorio nacional.
Controles fronterizos y fiscalías especializadas
La CAC reclamó intensificar los controles en las fronteras, con especial atención a los límites con Bolivia y Paraguay. Según indicó, por sectores que no constituyen pasos habilitados circula diariamente mercadería ilegal.
La entidad reconoció que la extensión territorial y las características de esas zonas representan un desafío para las tareas de fiscalización.
Además, advirtió que parte de la comercialización se realiza mediante redes sociales y que los productos pueden almacenarse o entregarse en galpones, lo que dificulta identificar a los responsables de las operaciones.
«Hay mucha mercadería ilegal que se vende y publicita por redes sociales y luego se despacha o entrega en galpones», señalaron.
Frente a ese escenario, propusieron crear fiscalías especializadas que permitan avanzar sobre quienes organizan y financian los circuitos ilegales, además de reforzar los controles sobre la mercadería.
Compras por internet y productos importados
La entidad también se refirió al impacto de las compras online de productos provenientes de China sobre el comercio argentino.
Desde la CAC reconocieron que esas operaciones afectan las ventas de los establecimientos comerciales locales, aunque diferenciaron esa situación de las irregularidades que atribuyen al contrabando, la falsificación de marcas y la falta de facturación.
«Las compras online de productos chinos impactan en las ventas del comercio formal, pero el mayor problema está en la venta ilegal, ya sea por contrabando, falsificación de marca o bien en la no facturación de los productos por la alta presión tributaria», respondieron ante la consulta de Mundo Gremial.
De esta manera, la cámara ubicó el eje de su reclamo en la necesidad de garantizar condiciones de competencia más equitativas para los negocios que operan dentro del marco legal.
El reclamo por una reducción de impuestos
Junto con el endurecimiento de los controles, la CAC propuso reducir la carga tributaria que afrontan las empresas formalizadas.
El pedido abarca los distintos niveles del Estado, pero pone especial énfasis en los impuestos provinciales y municipales, que forman parte de los costos que deben afrontar los comercios.
«Además de controles contra el contrabando tanto en frontera como en las diferentes ciudades, creemos que podría contribuir a combatirla la baja de impuestos en todos los estratos, pero especialmente a nivel provincial y municipal», expresaron desde la entidad.
Según su diagnóstico, una menor presión fiscal podría contribuir a reducir las diferencias de costos entre los negocios registrados y quienes comercializan productos sin cumplir con las mismas obligaciones.
La cámara considera que la lucha contra la informalidad debe combinar la fiscalización y las sanciones con medidas que favorezcan la actividad económica formal y la generación de empleo registrado.
Una agenda regional contra el comercio ilegal
La CAC también destacó su participación como socia fundadora del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, una iniciativa que reúne a entidades empresariales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay.
En ese marco, Buenos Aires fue sede de un encuentro organizado en la cámara, con representantes empresariales y funcionarios, en el que se analizaron distintas modalidades de comercio ilegal y se firmó una declaración para fortalecer la cooperación regional contra el contrabando, la piratería y otras prácticas que afectan a la actividad formal.
Desde la entidad señalaron que el trabajo conjunto incluye el intercambio de información y las gestiones ante las autoridades de cada país, con el objetivo de coordinar acciones entre las aduanas, los ministerios de Seguridad y otras dependencias estatales.
El planteo de la CAC combina así dos reclamos centrales: fortalecer los controles para combatir el comercio ilegal y reducir los costos que afrontan las empresas que cumplen con sus obligaciones, en un escenario que la entidad vincula directamente con la sostenibilidad del empleo formal.
Fuente: Mundo Gremial, en base a declaraciones de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
