El Gobierno nacional apeló la decisión judicial que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenaba avanzar con su cumplimiento. El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, en medio de los reclamos de las universidades públicas por la actualización de las partidas presupuestarias y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La presentación cuestiona el fallo del juez Martín Cormick, quien dejó sin efecto el Decreto 759/2025 al considerar que generaba un “gravamen irreparable”. Ahora, el Ejecutivo busca que la sentencia sea revocada y sostiene que su aplicación tendría consecuencias presupuestarias de gran magnitud.
El Gobierno argumenta que la ley compromete el equilibrio fiscal
En el recurso, el Ministerio de Capital Humano afirmó que la resolución judicial presenta “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”. Según la postura oficial, el fallo se apoya en una interpretación arbitraria del régimen presupuestario y no responde adecuadamente a los argumentos planteados por el Estado.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al financiamiento de la normativa. El Gobierno sostiene que la ley no identifica una fuente específica y suficiente de recursos y advierte que su ejecución podría comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
En ese sentido, argumentó que la reasignación de partidas para cubrir los gastos universitarios obligaría a reducir fondos destinados a otras áreas. De acuerdo con el escrito, el cumplimiento de la ley exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
Cuestionamientos al amparo presentado por las universidades
La cartera encabezada por Sandra Pettovello también cuestionó la vía judicial utilizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Para el Gobierno, el amparo colectivo no sería un mecanismo adecuado para resolver una controversia que, según su postura, requiere determinar montos, fuentes de financiamiento, hechos y alcances normativos.
Además, planteó que confirmar la sentencia afectaría la división de poderes, al obligar al Poder Ejecutivo a ejecutar gastos sin resolver previamente su compatibilidad con las normas de administración financiera y el Presupuesto vigente.
El recurso solicita, por lo tanto, que se revoque la decisión que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025.
Continúan los reclamos por el financiamiento universitario
La apelación se presenta en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sector universitario, que reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones y avances en las negociaciones salariales de docentes y no docentes.
La presentación judicial abre una nueva instancia en la disputa por la implementación de la norma. Mientras se tramita el recurso, el conflicto continúa centrado en el alcance de las obligaciones del Estado y en los fondos necesarios para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
