El conflicto se reactiva antes de la audiencia pública por la nueva licitación del servicio de higiene urbana. El gremio cuestiona que los nuevos pliegos no contemplen las indemnizaciones que reclama para los trabajadores ante el recambio de concesionarias.
La renovación del servicio de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno porteño y el Sindicato de Camioneros. Mientras la administración de Jorge Macri avanza con el proceso para definir las concesiones que regirán desde 2028, el gremio volvió a reclamar el reconocimiento de las indemnizaciones asociadas al cambio de empresas y anunció nuevas medidas de protesta.
La discusión tendrá una instancia clave el lunes 5 de octubre, cuando se realice la audiencia pública convocada por el Gobierno de la Ciudad para analizar los nuevos pliegos del Servicio Público de Higiene Urbana. La audiencia comenzará a las 12 y se desarrollará de manera virtual.
Los contratos actuales tienen vigencia hasta 2028 y la nueva licitación contempla concesiones por diez años, para el período 2028-2038. El proyecto oficial también plantea modificaciones en la organización del servicio, entre ellas una readecuación de las zonas operativas y nuevas herramientas de seguimiento del trabajo.
El reclamo de Camioneros
El eje de la disputa está puesto en el mecanismo de indemnizaciones que el Sindicato de Camioneros identifica como la “Ley Moyano”, aunque no se trata de una ley formalmente sancionada. Según distintas fuentes, es una práctica que el gremio sostiene desde fines de la década de 1990.
El esquema contempla que, al finalizar una concesión, la empresa saliente desvincule al personal y abone las indemnizaciones correspondientes, mientras que la nueva concesionaria reincorpore a los trabajadores.
Para el sindicato, este mecanismo permite preservar el reconocimiento de la antigüedad acumulada durante los sucesivos contratos. El Gobierno porteño, en cambio, no contempla actualmente incluir esos pagos en los nuevos pliegos.
El reclamo alcanza a unos 6.000 trabajadores, según las estimaciones difundidas en las últimas semanas, aunque el artículo de Página/12 sitúa el universo de trabajadores vinculados a la actividad en alrededor de 7.000.
El proyecto impulsado por Facundo Del Gaiso
En paralelo, continúa en la Legislatura porteña el proyecto presentado por el legislador Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, conocido públicamente como “Ley Anti Moyano”.
La iniciativa busca impedir que el Gobierno de la Ciudad se haga cargo de las indemnizaciones vinculadas con el recambio de concesionarias. Según el proyecto, si existe continuidad laboral, no correspondería que el Estado porteño financie esos resarcimientos; en caso de producirse desvinculaciones, el costo debería recaer sobre las empresas.
Del Gaiso sostiene que las indemnizaciones no deberían ser afrontadas con fondos públicos y plantea que la discusión debe resolverse dentro del vínculo contractual entre las empresas y los trabajadores.
Desde el gremio, en cambio, consideran que la eliminación del mecanismo pondría en discusión un derecho que los trabajadores vienen reclamando y sosteniendo desde hace décadas.
Asambleas y una movilización frente a la Legislatura
En ese escenario, Camioneros comenzó a realizar asambleas en las distintas bases operativas de la Ciudad, con participación de trabajadores de los turnos de mañana, mediodía y noche.
Durante una de esas reuniones, realizada el miércoles 30 de septiembre, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, anticipó que el gremio prepara una movilización para los primeros días de octubre.
“Tenemos que estar unidos”, sostuvo el dirigente al referirse al conflicto y confirmó que la protesta podría realizarse el lunes 5 o el miércoles 7 de octubre, en coincidencia con el comienzo de las audiencias públicas.
El objetivo será trasladar el reclamo a la Legislatura porteña y exigir que se mantenga el reconocimiento de las indemnizaciones.
Un conflicto que vuelve a poner el foco en los costos del servicio
La disputa no es nueva. En los últimos años, el mecanismo de indemnizaciones generó fuertes diferencias entre el sindicato, las empresas concesionarias y el Gobierno porteño.
Las estimaciones citadas por distintos medios ubican el costo potencial de las indemnizaciones para los trabajadores alcanzados entre US$100 millones y US$200 millones, una cifra que constituye uno de los principales puntos económicos de la discusión.
El propio Hugo Moyano había reclamado días atrás a las empresas que anticiparan las indemnizaciones correspondientes al vencimiento de las concesiones previsto para 2028. El pedido se conoció mientras la Ciudad avanzaba con la preparación de los nuevos contratos.
Ahora, con la audiencia pública a pocas horas de comenzar, el conflicto vuelve a quedar expuesto.
Por un lado, el Gobierno porteño busca definir las condiciones de un nuevo esquema de higiene urbana para los próximos diez años. Por otro, Camioneros pretende que las nuevas reglas contemplen el reconocimiento de las indemnizaciones que el gremio considera parte de las condiciones laborales históricas del sector.
La audiencia del 5 de octubre será así una de las primeras instancias formales en las que ambas posiciones quedarán planteadas públicamente, mientras el sindicato prepara nuevas acciones para intentar modificar el contenido de los futuros contratos.
Fuente: Página/12, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Infobae y Agencia Noticias Argentinas.
