Un total de 91 magistrados expresaron su “enfático repudio y profunda preocupación” por las críticas del Gobierno porteño contra la jueza, que declaró inconstitucional la aplicación del nuevo régimen penal juvenil a un adolescente de 14 años.
La jueza Laura Beatriz De Marinis recibió el respaldo de 91 magistrados luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsara una denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura a raíz de un fallo en el que declaró inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años.
A través de un comunicado, los jueces manifestaron su “más enfático repudio y profunda preocupación” frente a las expresiones de las autoridades porteñas y señalaron que el intento de avanzar contra la magistrada “agravia seriamente la independencia judicial”. Según sostuvieron, De Marinis ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad que corresponde a los jueces.
El fallo y la apelación
De Marinis, titular del Juzgado N° 3 en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, había sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y declarado inconstitucional la aplicación del artículo que establece la nueva edad de responsabilidad penal juvenil en ese caso.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló posteriormente la resolución y solicitó además el apartamiento de la jueza de la causa. De esta manera, el fallo quedó sujeto a revisión por las instancias judiciales correspondientes.
Los 91 magistrados que firmaron el documento remarcaron que, frente a una resolución judicial con la que existe desacuerdo, corresponde utilizar las vías de impugnación previstas por el sistema judicial. También señalaron que el respeto por las decisiones adoptadas por los jueces constituye una condición vinculada con la división de poderes.
El respaldo de organismos y entidades
El pronunciamiento se sumó a las expresiones de apoyo de distintas organizaciones vinculadas con los derechos de niños, niñas y adolescentes, organismos de derechos humanos y entidades del ámbito judicial.
Entre ellas se encuentra la Correpi, que cuestionó públicamente las críticas contra la magistrada y calificó la situación como un “linchamiento público”. También expresaron su respaldo otras organizaciones vinculadas con la defensa de las infancias y la independencia judicial.
El Instituto Provincial de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, por su parte, manifestó su preocupación ante la posibilidad de avanzar con un juicio político contra De Marinis y destacó que la decisión judicial fue adoptada en un caso concreto.
La discusión por la nueva edad de responsabilidad penal
El caso se produjo pocas semanas después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que estableció la posibilidad de aplicar responsabilidad penal desde los 14 años y contempla penas de hasta 15 años para determinados delitos graves.
La resolución de De Marinis abrió así una nueva instancia de discusión judicial sobre la aplicación de la normativa. Mientras el Gobierno porteño sostiene que la ley se encuentra vigente y cuestionó la decisión, la jueza defendió públicamente su resolución y afirmó que actuó sobre la base del derecho constitucional y convencional.
Fuente: Página 12
