El secretario general de la CGT fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, dos días después del triunfo electoral de Juan Domingo Perón. El crimen, atribuido durante décadas a Montoneros, provocó un fuerte impacto en el movimiento peronista y fue investigado nuevamente años después por la Justicia.
El 25 de septiembre de 1973, apenas dos días después de las elecciones que llevaron nuevamente a Juan Domingo Perón a la Presidencia con casi el 62% de los votos, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio de la calle Avellaneda 2953, en el barrio porteño de Flores.
Rucci, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica y uno de los principales referentes del sindicalismo peronista ortodoxo, había sido una figura central en el regreso de Perón a la Argentina después de 18 años de exilio. La imagen del dirigente sosteniendo un paraguas junto al líder justicialista durante su regreso al país se convirtió en una de las fotografías emblemáticas de aquel período.
Un crimen en medio de la interna peronista
El asesinato ocurrió en un escenario marcado por la creciente disputa entre los distintos sectores del peronismo. Por un lado se encontraba la estructura sindical y los sectores identificados con la conducción de Perón; por otro, la Juventud Peronista y Montoneros, que habían adquirido un fuerte protagonismo durante los años previos.
El crimen de Rucci fue atribuido desde el comienzo a Montoneros, aunque la organización no realizó inicialmente una reivindicación pública. El Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP) señala que el asesinato se produjo en un contexto de creciente tensión entre Perón y Montoneros y que Rucci era una pieza clave del proyecto de institucionalización y del Pacto Social impulsado por el nuevo gobierno.
Con el paso de los años aparecieron testimonios de exintegrantes de Montoneros y otras fuentes que vincularon a la organización con el operativo. En 1975, además, la revista Evita Montonera, órgano oficial de Montoneros, publicó una reivindicación del denominado “ajusticiamiento” de Rucci. La investigación judicial posterior también incorporó testimonios y documentación sobre esa posible responsabilidad.
La investigación judicial
La causa por el asesinato permaneció archivada durante años. En 2008, el juez federal Ariel Lijo dispuso reabrir la investigación a partir de nuevas pruebas y de elementos aportados por la familia de Rucci y por investigaciones periodísticas.
En 2012, luego de analizar el expediente, Lijo sostuvo que existían elementos que permitían considerar que en la decisión de llevar adelante el asesinato habían participado integrantes de Montoneros y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Sin embargo, entendió que no podía establecerse con precisión en el expediente la cadena completa de decisión, planificación y ejecución del operativo.
El magistrado también descartó la hipótesis que atribuía el crimen a la Triple A y concluyó que el homicidio no podía ser considerado un delito de lesa humanidad. Por esa razón, el caso quedó alcanzado por la prescripción y fue archivado.
El impacto sobre la relación entre Perón y Montoneros
La muerte de Rucci profundizó el enfrentamiento entre Perón y la conducción de Montoneros. El dirigente sindical era considerado un hombre de confianza del presidente electo y una pieza importante para la construcción del acuerdo social que el nuevo gobierno pretendía impulsar.
El asesinato también quedó asociado al nombre de “Operación Traviata”, denominación utilizada posteriormente para referirse al operativo. Con el paso del tiempo, distintos exintegrantes de Montoneros ofrecieron testimonios y autocríticas sobre el crimen, aunque las reconstrucciones sobre la toma de decisiones y la participación específica de cada dirigente presentan diferencias.
A más de cinco décadas del asesinato, Rucci continúa siendo una figura central para comprender las disputas internas del peronismo de los años 70 y uno de los episodios que marcaron el progresivo quiebre entre Perón y Montoneros.
