La administración de las islas prorrogó los permisos offshore vigentes por un período inicial de cinco años, con posibilidad de sumar otros dos. La medida alcanza a proyectos como Sea Lion, cuya explotación está prevista para 2028.
La administración británica de las Islas Malvinas extendió por cinco años las licencias vigentes para actividades de exploración y producción de hidrocarburos offshore, en medio de la disputa de soberanía con la Argentina y de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
La prórroga cuenta con el respaldo del Reino Unido y contempla, además, la posibilidad de extender los permisos por otros dos años, de acuerdo con el cumplimiento de los programas de trabajo establecidos para cada área. Desde la administración isleña señalaron que la decisión busca brindar previsibilidad a las compañías para continuar con sus inversiones.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, sostuvo Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas y responsable de las áreas vinculadas con Comercio, Industria y Recursos Minerales.
Sea Lion, el principal proyecto petrolero
Uno de los proyectos alcanzados por la medida es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. El emprendimiento está encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que poseen el 65% y el 35% de participación, respectivamente.
Las empresas proyectan iniciar la producción en marzo de 2028, con una extracción estimada de hasta 50.000 barriles diarios de petróleo.
La continuidad del proyecto se encuentra, sin embargo, cuestionada por la Justicia argentina. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion, a partir de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
El reclamo argentino
El Gobierno argentino sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área son ilegales y que las empresas involucradas necesitan autorización argentina para desarrollar esas actividades.
En septiembre, la administración de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. También anunció una denuncia penal contra compañías relacionadas con Sea Lion y posteriormente envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La Argentina fundamenta su posición, entre otros argumentos, en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.
Más empresas involucradas
Además de Navitas y Rockhopper, otras compañías cuentan con permisos exploratorios en áreas de la cuenca, entre ellas las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI Associates.
La administración isleña también autorizó una operación mediante la cual una subsidiaria de Navitas adquiriría una participación del 65% en el bloque PL001, ubicado junto al área de Sea Lion.
Mientras la administración de las islas y el Reino Unido sostienen que las autoridades locales tienen derecho a administrar los recursos naturales del archipiélago, la Argentina mantiene su reclamo de soberanía y cuestiona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización nacional.
La disputa por los recursos naturales de las Malvinas se suma así a una serie de medidas diplomáticas, administrativas y judiciales adoptadas durante las últimas semanas por ambos países.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
