El proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia plantea reducir juzgados federales y la Cámara Federal de Casación, además de reasignar funciones y personal. La reforma está vinculada con la implementación del sistema acusatorio prevista para 2027.
El Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para reformar la estructura de los tribunales federales de Comodoro Py, con una reducción en la cantidad de juzgados y de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.
La iniciativa será impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y deberá contar con la aprobación del Congreso de la Nación. El objetivo es adaptar el funcionamiento del fuero federal al nuevo sistema acusatorio que comenzará a implementarse en abril de 2027.
Comodoro Py concentra causas vinculadas, entre otros delitos, con corrupción, lavado de activos y narcotráfico, por lo que la modificación tendrá impacto sobre uno de los principales ámbitos de la Justicia Federal.
Menos juzgados y una Cámara de Casación más reducida
Uno de los principales puntos del proyecto contempla reducir de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal. La medida permitiría evitar nuevos concursos para cubrir algunas de las vacantes existentes.
Actualmente, la Cámara funciona con cuatro salas y una presidencia, aunque existen cargos que permanecen vacantes.
En cuanto a los juzgados federales, el Ministerio de Justicia analiza reducir su número de 12 a 10 o incluso a 8. El fuero cuenta con cuatro vacantes producidas luego de las salidas de Sergio Torres, Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y la renuncia de Luis Rodríguez.
El Gobierno sostiene que la reestructuración permitirá adecuar la cantidad de cargos a las nuevas funciones que tendrán los magistrados.
Qué cambia con el sistema acusatorio
La reforma está directamente relacionada con la implementación del sistema acusatorio en el fuero federal, prevista para abril de 2027.
Con este modelo, los fiscales tendrán un rol central en la investigación de los delitos. El Ministerio Público Fiscal será el encargado de conducir las pesquisas, avanzar hacia la acusación y llevar los casos a la instancia de juicio oral.
Los jueces, en tanto, dejarán de concentrar las tareas de investigación y pasarán a cumplir funciones vinculadas con las garantías del proceso, el juicio y la revisión de las decisiones judiciales.
De esta manera, los actuales jueces de instrucción, de tribunales orales y de Cámara podrían asumir diferentes funciones como jueces de garantías, de juicio o de revisión, manteniendo la misma escala salarial.
Reasignación de funciones y personal
La propuesta también contempla reasignaciones de tareas administrativas y traslados de personal dentro de la estructura judicial.
Desde el Gobierno argumentan que existen cargos que permanecen vacantes desde hace varios años y que el nuevo sistema requiere una organización diferente de los recursos humanos y judiciales.
Además, uno de los argumentos utilizados para impulsar la reforma es la diferencia en la cantidad de personal entre Comodoro Py y las estructuras judiciales de las jurisdicciones del interior del país.
La reforma deberá pasar por el Congreso
El proyecto deberá ser tratado por el Congreso de la Nación, donde el oficialismo deberá conseguir los votos necesarios para avanzar con la modificación.
La alternativa de implementar los cambios mediante un decreto podría generar cuestionamientos y eventuales planteos judiciales, por lo que el Gobierno busca avanzar mediante una modificación legislativa.
La reforma se plantea así como parte de una transformación más amplia de la Justicia Federal, en paralelo con la llegada del sistema acusatorio y el cambio en el rol que tendrán jueces y fiscales dentro de las investigaciones penales.
Fuente: Perfil / Clarín
