La investigación penal por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo de fuerte confrontación técnico-procesal en los tribunales federales.
El fiscal federal Franco Picardi solicitó formalmente rechazar el planteo de nulidad presentado por la defensa del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y reclamó que se avance de manera inmediata con los peritajes caligráficos y fónicos orientados a determinar si la voz registrada en una serie de audios comprometedores corresponde al ex funcionario.
A través de un dictamen de 27 páginas, el representante del Ministerio Público Fiscal encuadró la estrategia de la defensa como una maniobra circular y confusa que tiene por única finalidad la dilación y el entorpecimiento del proceso judicial, buscando eludir una prueba técnica que originalmente había sido demandada por el propio imputado.
El núcleo de la controversia radica en la rotunda negativa de Spagnuolo a someterse al cuerpo de la prueba de voz para aportar un registro testigo e indubitado que permita el cotejo de las frecuencias de audio incorporadas al expediente.
Ante este escenario de parálisis, el fiscal Picardi introdujo una alternativa procesal innovadora al proponer que el peritaje oficial se ejecute de todos modos, recurriendo al archivo de diversas entrevistas públicas y declaraciones en medios de comunicación que el ex funcionario concedió durante su gestión.
La fiscalía argumentó que existen vías alternativas válidas de acceso público para concretar el análisis comparativo, por lo que solicitó que, en caso de ratificarse el rechazo del imputado a brindar una muestra directa en el juzgado, se deje constancia formal de su postura y se proceda a realizar el peritaje fonético con el material audiovisual preexistente.
La defensa del ex director del organismo no solo rechazó la toma de la muestra de voz, sino que además denunció que los audios que originaron la pesquisa se encuentran editados y adulterados, exigiendo su exclusión de la causa.
Frente a esto, Picardi criticó las contradicciones de la estrategia legal de Spagnuolo, señalando el contrasentido de reclamar por un lado una pericia para demostrar que los archivos están manipulados y, simultáneamente, interponer recursos para impedir que los peritos oficiales analicen el material. Para el fiscal, los planteos del ex funcionario intentan reintroducir debates sobre la validez global de la investigación que ya fueron largamente analizados y ratificados tanto por el juzgado de primera instancia como por la Cámara Federal.
La causa judicial en cuestión tuvo su origen en agosto de 2025 tras una serie de denuncias puntuales sobre irregularidades en la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad. La pesquisa penal, según la descripción de los investigadores, logró desarticular un complejo entramado de corrupción corporativa y estatal vinculado a la compra de medicamentos de alta complejidad e insumos médicos destinados a las prestaciones de personas con discapacidad, una maniobra en la que se encuentran bajo la lupa decenas de personas físicas, intermediarios y firmas jurídicas.
En el cierre de su dictamen, Picardi remarcó que el Estado argentino asumió obligaciones internacionales explícitas para perseguir los delitos contra la administración pública, advirtiendo sobre el severo impacto social que este tipo de desvíos de fondos genera sobre un sector de la población en extrema situación de vulnerabilidad.
Fuente: Diario Ambito
