El subsecretario de Políticas Universitarias minimizó el impacto de la movilización a Plaza de Mayo y advirtió que la restricción financiera es inamovible. Además, acusó a las universidades de desviar fondos para sostener «estructuras políticas».
Tras la histórica movilización que ayer colmó el centro porteño, el Gobierno nacional, a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió un mensaje de intransigencia técnica y política. En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que el volumen de la protesta no altera la realidad de las arcas públicas: “Se pueden juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, sentenció.
Álvarez, quien se ha convertido en una de las caras más visibles del conflicto educativo, insistió en que la marcha fue «organizada por partidos opositores» y buscó restarle carácter ciudadano al reclamo por el financiamiento de la educación superior.
El argumento legal: el origen de los fondos
Uno de los puntos centrales de la postura oficial radica en la Ley de Administración Financiera. Según explicó Álvarez, cualquier normativa que busque aumentar el gasto debe especificar de dónde provienen los recursos para financiarlo.
- La crítica a la Ley: El funcionario fue tajante respecto a los proyectos legislativos que buscan recomponer el presupuesto universitario: “La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”.
- Decisiones democráticas: Álvarez subrayó que la gestión de las políticas públicas no se define en la calle: “Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”.
Duras acusaciones contra las universidades
Más allá de la cuestión técnica, el subsecretario lanzó una dura crítica a la administración interna de las casas de altos estudios. Aseguró que existe una “desvirtuación completa” del sistema universitario nacional.
Para el Gobierno, el presupuesto no se está traduciendo de manera eficiente en la formación de profesionales. Álvarez denunció que una parte considerable de los recursos se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” en lugar de priorizar la calidad académica y la tasa de graduación. “El sistema existe para generar graduados, principalmente la función es formar gente”, concluyó.
Con estas declaraciones, el Ejecutivo ratifica que no habrá cambios en la hoja de ruta fiscal para el sector educativo, profundizando la tensión con rectores, docentes y alumnos que ya evalúan nuevas medidas de fuerza para los próximos días.
