En una jornada marcada por la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada, Manuel Adorni abandonó su habitual estilo ácido para adoptar un tono estrictamente protocolar y defensivo.
El Jefe de Gabinete rompió el silencio tras diez días de clausura del espacio y enfrentó las cámaras con una premisa clara: justificar el despliegue de recursos públicos destinados a la protección de su entorno íntimo.
El funcionario fue tajante al afirmar que la seguridad de los principales miembros del Gobierno y sus familias no es un privilegio, sino una «práctica habitual en el mundo» y un asunto de seguridad nacional que se ajusta a la normativa vigente.
La defensa de Adorni no se limitó a lo reglamentario, sino que adquirió un tinte político al denunciar públicamente que su propia esposa está siendo víctima de seguimiento.
Al respecto, el vocero vinculó esta necesidad de protección con recientes declaraciones del diputado Rodolfo Tailhade, las cuales interpretó como una confesión de espionaje contra su mujer. Según el funcionario, este escenario, sumado a episodios de violencia callejera y amenazas sufridas desde el inicio de la gestión, legitima el uso de vehículos y personal oficial incluso fuera de los horarios de servicio.
En cuanto a la tormenta judicial que rodea su patrimonio y sus polémicos viajes familiares, Adorni intentó cerrar el capítulo remitiéndose a su exposición en el Congreso del pasado 29 de abril. Aseguró que el Estado no registró pagos por sus traslados y que no existieron «obsequios de terceros», prometiendo que cualquier duda restante quedará despejada cuando presente su declaración jurada anual, cuyo plazo legal aún se encuentra vigente.
Con un mensaje de aparente transparencia pero firmeza política, el Jefe de Gabinete buscó dar por terminada la controversia patrimonial mientras se restablecen, bajo la atenta mirada de la Casa Militar, los protocolos de circulación para la prensa en Balcarce 50.
