La Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito invalidó la sentencia de la jueza Loretta Preska, sosteniendo que los reclamos de los accionistas no son admisibles bajo el derecho argentino. El presidente Javier Milei calificó el hecho como el «mayor logro jurídico de la historia nacional», mientras las acciones de YPF suben y las de Burford Capital se derrumban un 43%.
La noticia, confirmada este mediodía desde Washington y Buenos Aires, pone fin —al menos en esta instancia— a un litigio de más de diez años. Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson determinaron que las demandas por incumplimiento de contrato carecen de fundamento legal, devolviendo el caso al tribunal de distrito para los procedimientos ulteriores pero con una postura técnica que favorece totalmente al Estado Nacional.
El impacto en los mercados y los protagonistas
La sentencia generó un terremoto financiero inmediato, afectando principalmente a quienes apostaron contra el país:
Burford Capital: El estudio inglés que compró los derechos para litigar (similar a un «fondo buitre») sufrió una caída estrepitosa del 43% en sus acciones. Su valor de mercado pasó de USD 3.500 millones a apenas USD 809 millones tras conocerse el fallo.
YPF: La petrolera estatal, que ya había quedado fuera de la demanda en 2023 (decisión que hoy confirmó la Cámara), vio subir sus acciones un 3% al mediodía.
Ahorro fiscal: El monto en juego equivalía a casi la totalidad del préstamo solicitado al FMI en 2024, lo que representa un alivio macroeconómico sin precedentes para las reservas del Banco Central.
Puntos clave del fallo judicial
Inadmisibilidad: El tribunal sostuvo que los daños derivados de la expropiación no pueden reclamarse bajo las figuras contractuales que pretendían los demandantes.
Apoyo de EE. UU.: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se había pronunciado recientemente a favor de la postura argentina, un factor que resultó determinante en la decisión final.
Reacción oficial: Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo destacó el trabajo del equipo legal y confirmó que el Gobierno jamás cedió ante los «lobistas» que buscaban un acuerdo de pago (settlement).
