Manuel Adorni confirmó que el Ministerio de Justicia iniciará hoy el proceso de nombramientos. «Hoy, 364 de los 1.002 cargos están vacantes», advirtió el funcionario, quien atribuyó la parálisis a la «judicialización del debate público». La movida busca normalizar un servicio que funciona al 60% de su capacidad.
El anuncio se realizó durante la misma conferencia de prensa en la que Adorni enfrentó preguntas sobre su patrimonio y las internas del gabinete. Para la Casa Rosada, la cobertura de estas vacantes es un paso indispensable para combatir la «anomia social» y garantizar una de las funciones básicas del Estado.
Radiografía de una justicia incompleta
Las cifras presentadas por el jefe de Gabinete exponen una situación de fragilidad institucional que afecta directamente la celeridad de las causas:
Cargos totales: 1.002 puestos en la justicia federal.
Vacantes actuales: 364 despachos sin titular (36% del total).
Impacto: Tribunales operando a media máquina, lo que retrasa juicios por narcotráfico, corrupción y delitos federales.
«Cada nuevo juez podía ser un problema»
Adorni fue crítico con las gestiones anteriores y la dinámica política de los últimos años. «Durante demasiado tiempo, la corrupción detuvo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo magistrado podía representar un futuro problema», sentenció. Con este primer envío de 60 pliegos, el Gobierno pretende dar una señal de institucionalidad, aunque el éxito de la medida dependerá ahora de los acuerdos políticos en el Senado.
Repercusiones en el mapa judicial
Este anuncio llega en una semana de fuertes definiciones en el ámbito de la justicia. Mientras se conocen estos pliegos, el país procesa el informe sobre los 1.231 condenados por crímenes de lesa humanidad a 50 años del golpe y el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario sigue sumando capítulos en los tribunales.
Para jurisdicciones como la nuestra, que dependen de la Justicia Federal de Azul y Olavarría, la cobertura de vacantes es un tema sensible que impacta en la resolución de causas locales vinculadas a la seguridad y los derechos ciudadanos. La llegada de estos pliegos al Senado marcará el inicio de una batalla legislativa que el oficialismo deberá sortear para cumplir con su objetivo de «normalizar» el Poder Judicial.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
